La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga a las grandes compañías del sector del gas natural para analizar si están entorpeciendo de manera deliberada el trasvase masivo de clientes a las tarifas reguladas del gas que se está produciendo ya por el nuevo paquete millonario de ayudas puesto en marcha por el Gobierno para bajar la factura.

El organismo abrió la semana pasada un expediente informativo y solicitó información a todas las grandes compañías energéticas obligadas a comercializar las tarifas reguladas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) sobre los medios técnicos y de plantilla empleados para atender el aluvión de solicitudes de cambio de tarifa de las últimas semanas, tras las quejas de muchos consumidores por los tiempos de espera, por la falta de información y por las dificultades para conseguir concretar la contratación.

Competencia mantendrá esa vigilancia a los cuatro grandes grupos de manera permanente para controlar sus actuaciones en pleno alud de clientes tratando de cambiar de tarifa. El supervisor exige a Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies actualizar y remitir nuevos datos todos los meses sobre el funcionamiento de sus servicios de atención telefónica, sobre los medios de información puestos a disposición del usuario para facilitar el cambio de tarifa, sobre los tiempos de espera que sufren los consumidores y también sobre los refuerzos aplicados, según confirman fuentes del organismo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

La reclamación de información periódica a las grandes energéticas forma parte del expediente informativo en marcha desde hace una semana. El expediente informativo es el primer paso en los procesos de supervisión que puede llevar a cabo la CNMC en los sectores regulados. En muchos casos funciona ya como aviso a navegantes con el objetivo de que las empresas corrijan sus actuaciones. En función de la información recabada, el organismo puede determinar la apertura de expedientes sancionadores a compañías concretas que suponen una investigación formal y pueden derivar en sanciones concretas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, se confirma que se ha transmitido a la CNMC información sobre presuntos colapsos de las líneas telefónicas de las grandes gasistas y sobre las dificultades de acceso que encuentran los clientes para acceder a la contratación de las tarifas reguladas del gas a través de los páginas web de las energéticas.

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares que ha sido el detonante del trasvase masivo de clientes. Un escudo anticrisis de 3.000 millones de euros que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa que rebajará a la mitad la factura de 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en su comunidad de vecinos.

El Ejecutivo, no obstante, garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que las nuevas medidas de ayuda provocarán en las cuentas del sistema gasista español, y que puede dispararse por esa fuga masiva de clientes hacia las tarifas reguladas. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.

Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas de gas natural (denominada tarifa de último recurso, TUR), han venido registrando en los últimos días un alud de consultas por parte de clientes sobre su salto al negocio regulado y dan por hecho un cambio de tendencia hacia una contratación multitudinaria de tarifas reguladas tras años con una cartera de clientes menguante que iban a parar a las tarifas del mercado libre.

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Con los datos de cierre del año pasado, casi 6,5 millones de clientes tenían contratadas tarifas libres (más del 80% del total) y 1,5 millones seguían con tarifas reguladas.