La intención era buena, pero la ejecución está siendo baja. El mecanismo diseñado por el Gobierno para evitar que los consumidores de gas paguen una factura con un precio disparado este invierno no acaba de funcionar. Del total de 6,5 millones de clientes que hasta hace unos meses estaban en el mercado libre, solo se han pasado al regulado unos 250.000, según fuentes del sector. El Ministerio para la Transición Ecológica busca ahora la fórmula de agilizar el proceso con el objetivo de llegar a un mayor número de usuarios, según avanzó El Confidencial y confirman fuentes del Gobierno.

La crisis energética disparó el precio del gas en el mercado internacional y el Gobierno decidió en septiembre del año pasado contener el crecimiento de la tarifa regulada (TUR) al limitar el alza del precio de la materia prima, que se actualiza cada trimestre, al 15%. Hace un mes el Ejecutivo fue un paso más allá y decidió subvencionar esa diferencia, asumiendo el coste de ese déficit con una dotación inicial de 3.000 millones de euros hasta diciembre del año que viene. Y añadió la posibilidad de contratar esa tarifa barata a las comunidades de vecinos con calefacción central, lo que generó un aluvión de peticiones de cambio, según las empresas.

En la actualidad, solo pueden ofrecer la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas cuatro compañías que son Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total Energies. Ellas tienen, junto a Repsol, el 95% de la cuota de mercado de gas. El sexto puesto era de Holaluz, que anunció a principios de octubre que dejaba de comercializar gas y traspasaría a sus clientes a la tarifa regulada. Le siguen ENI, Fenie y Factor Energía. Pero la patronal del sector gasista Sedigas dice que es imposible que las cuatro grandes por sí solas consigan realizar el trasvase de todos los millones de clientes que permanecen con tarifas elevadas.

Sedigas ha planteado al Gobierno permitir que más empresas puedan ofrecer también esa tarifa regulada. Además de poder simplificar el traspaso para que sea un cambio prácticamente automático, a través de una simple llamada telefónica o vía online, sin tener que realizar ningún trámite adicional.

El problema, según exponen fuentes del sector, es que no todas las empresas pueden ofrecer la TUR, pues su fórmula de precios está indexada a índices extranjeros (como el Brent). Históricamente las compañías que ofrecían esta tarifa importaban gas y tenían contratos internacionales ligados a estos índices, mientras que hoy en día hay empresas que compran el gas en España (Mibgas) que correrían el riesgo de adquirirlo a un precio más caro de al que lo venden con la TUR, según explican fuentes del sector. Así, en los últimos seis meses, el precio del Mibgas ha sido inferior, lo que les llevaría a beneficios extraordinarios, pero esto puede cambiar y generaría un riesgo que podría llegar a poner en peligro su viabilidad.

Otra opción, que también ha planteado el sector al Ministerio para la Transición Ecológica, y que podría llegar a más empresas es que el Gobierno dedique el mismo dinero que destina a subvencionar la tarifa regulada a reducir la diferencia entre la tarifa libre y la regulada. De esta forma, todas las compañías podrían ofrecer una tarifa libre a precios asequibles. Es decir, tal vez sería un 20% más cara que la TUR, pero no el doble o el triple, como ocurre actualmente. Al final, según defienden las fuentes del sector, en una situación normal de precios, el incremento de la tarifa regulada suele ir acompasado a la libre, y por tanto, si el alza de la regulada se frena, también debería frenarse la tarifa del mercado libre.

Desde el Gobierno reconocen conversaciones con el sector para buscar la mejor solución que permita agilizar el trasvase de clientes, sin confirmar la fórmula que se aplicará. Así, se trata de encontrar la manera de que antes de enero y febrero, los meses centrales del invierno, la mayoría de usuarios de gas puedan tener una tarifa barata y, al mismo tiempo, evitar la desaparición de la competencia. Una de las principales críticas de las pequeñas compañías agrupadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) tras el anuncio del Gobierno de subvencionar la TUR fue que "dilapidará la libre comercialización" al dejar a unas empresas en desventaja frente al resto.