Lograr la aprobación de la ley de comercio sostenible en el Consell sigue siendo un asunto sin fecha de resolución después de que la parte socialista (la secretaria autonómica de esta rama, Empar Martínez Bonafé) en la Conselleria de Economia Sostenible que dirige Rafael Climent (Compromís) decidiera no incluirla la pasada semana en la reunión de subsecretarios que debía dar vía libre al texto para que el viernes lo aprobara el Consell.
Este revés, producido por discrepancias entre los dos socios en torno a las áreas de promoción económica urbana (APEU) que se incluyen como uno de los pilares de la ley, suponía postergar su tramitación a la espera -apuntaban a finales de la pasada semana diferentes fuentes consultadas por este periódico- de intentar lograr un consenso con la patronal autonómica, la CEV, que integra a la asociación de los supermercados (Asucova), de las grandes superficies (Anged) y del pequeño y mediano comercio (Confecomerç).
Sin embargo, fuentes de Compromís en la citada Conselleria aseguraban este lunes que antes de cualquier encuentro con el sector -del que por el momento se ha hablado de realizarse pero, según apuntaron varias fuentes ayer, sin una fecha todavía a la vista- apuestan primero por conversar y buscar un consenso con el lado socialista para impulsar la ley, ya que "cualquier modificación supondría paralizarla y volver de nuevo al inicio" en una norma cuyo proceso -insisten- "está ya terminado".
En este sentido remarcan que, una vez sea aprobado y vaya a les Corts, cualquier persona o entidad "puede presentar enmiendas a través de los partidos políticos", por lo que "no entendemos esta paralización del procedimiento" en un "texto que está muy consensuado" con el sector (se ha trabajado durante esta legislatura y parte de la anterior) y que cuenta con todos los documentos y trámites necesarios.
El punto de conflicto
La futura norma, según explicaron desde Economia la pasada semana, especifica que todos los comercios ubicados en cada una de estas APEU deberán contribuir económicamente mediante cuotas en aquellas actividades que se realicen para beneficiar a los establecimientos de esa zona. Sin embargo, ya en 2019, la CEV rechazó mediante alegaciones los artículos de esta ley comercial que permitían desarrollar estas áreas, pidiendo una legislación específica -aparte, por tanto, de esta norma- para estas zonas que saliera del consenso de todos los sectores afectados, como el del comercio y la hostelería.
Al respecto, desde Compromís insisten en que lo que se debe realizar primero es "hacer la figura y luego ya se reglamentará". Es decir, que primero se creen los APEU y luego se realicen los ajustes oportunos con los distintos sectores, algo que mientras se mantenga paralizada -y a solo unos pocos meses hasta las elecciones, que impedirán nuevas tramitaciones legislativas- resulta imposible.
