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Los funcionarios se enfrentan a pagos millonarios por el bloqueo de las renovables

El informe de Andersen sobre la posible reclamación de mil millones a la Generalitat focaliza en los trabajadores públicos y sus jefes el cobro del dinero por las decisiones arbitrarias

Planta fotovoltaica sobre un terreno árido en Xixona. AXEL ALVAREZ

Los funcionarios de la Generalitat y los altos cargos que están sobre ellos se enfrentan a posibles pagos multimillonarios por el bloqueo arbitrario de las plantas fotovoltaicas en desarrollo en la Comunitat Valenciana. El bufete legal y jurídico Andersen, contratado por la patronal sectorial para analizar la responsabilidad de la Generalitat por el freno de la tramitación, advierte de que los empleados públicos cuya «demora culposa o dolosa haya generado la responsabilidad patrimonial de la Administración serán patrimonial y disciplinariamente responsables». 

Fuentes jurídicas añaden que los altos cargos que transmiten las órdenes y que al final son los responsables de los «retrasos injustificados» también tendrán que hacer frente a los pagos. Estas fuentes recomiendan a los funcionarios (que al final solo cumplen órdenes) que «dejen por escrito su disconformidad con los procedimientos arbitrarios para quedar eximidos de responsabilidad». Como ayer adelantó Levante-EMV, el Consell se juega 1.000 millones de euros con el bloqueo de las renovables. La propia Abogacía de la Generalitat ha abierto la puerta a las reclamaciones tras las trabas de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje (que depende de Rosa Pardo) que bloquean las renovables.

Los abogados recomiendan a los trabajadores públicos que dejen por escrito su disconformidad con los procedimientos arbitrarios

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25 de enero, fecha límite

Los impulsores de 452 plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana tienen hasta el 25 de enero para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tramita la Generalitat o perderán los avales a pesar de que el bloqueo no es culpa de ellos. El informe de Andersen advierte de que el incumplimiento de los hitos del Real Decreto Ley 23/2020 (aprobado por el Gobierno para impulsar las renovables y evitar la especulación) determina la «caducidad inmediata de los permisos de acceso y conexión. Las garantías (los avales) serán incautadas salvo que concurra alguna de las causas previstas en la normativa, entre las que no se encuentran el retraso injustificado en la resolución del procedimiento integrado causado por la Administración. El bufete concluye que los promotores podrán presentar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración cuando el 26 de enero de 2022 sus permisos de acceso y conexión caduquen de forma automática. Los promotores podrán reclamar 300 millones por los avales que van a perder y 700 millones del valor de los proyectos.

Un operario pasa ante una instalación de energía renovable en una planta fotovoltaica ubicada en la Comunitat Valenciana. Levante-EMV

El informe concreta quién tiene que pagar: «Los funcionarios responsables de la instrucción de los procedimientos cuya demora culposa o dolosa haya generado la responsabilidad patrimonial de la Administración serán patrimonial y disciplinariamente responsables ante la Administración». Fuentes jurídicas advirtieron que los altos cargos que impulsan la actuación de los funcionarios de forma «injustificada» supuestamente «son los responsables» y tendrán que hacer frente a los pagos.

Tres consellerias

Sobre la autorización de las plantas renovables intervienen tres consellerias: Economía, Transición Ecológica y Política Territorial (donde está la Dirección General de Política Territorial y Paisaje). Economía y Transición Ecológica (que dependen de otros sectores de Compromís) sí que están tratando de impulsar las plantas como alternativa al cierre dentro de 8 años de Cofrentes y al uso de tecnologías contaminantes, pero llevan dos años tropezando con la piedra de la Dirección de Política Territorial y Paisaje.

Andersen y Abogacía

El estudio de Andersen se ha hecho de forma paralela al informe de la Abogacía de la Generalitat que rechaza las trabas de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje (Conselleria de Territorio) que bloquean más de trescientos parques fotovoltaicos en la Comunitat Valenciana. El análisis de la Abogacía responde a una petición de la Generalitat para aclarar la disparidad de criterios dentro Territorio (la consellera Rebeca Torró trata de agilizar las plantas como ha reclamado el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig).

El bloqueo complica el cierre de Cofrentes

La central nuclear de Cofrentes produce un tercio de la energía que consume la Comunitat Valenciana a ocho años de su cierre. Iberdrola, propietaria de la planta, mantiene el calendario pactado con el Gobierno para desconectar la central en noviembre de 2030 pese al retraso del despliegue de las renovables por las trabas burocráticas y la oposición de un sector de Compromís y el debate abierto para prorrogar la vida de las nucleares por la crisis energética. La Comunitat Valenciana es deficitaria en producción de energía y el Consell trazó un plan para garantizar antes de 2030 el despliegue de parques fotovoltaicos y eólicos con una potencia de 6.000 megavatios (Cofrentes tiene 1.092 megavatios) El president de la Generlitat, Ximo Puig, se comprometió en septiembre a adelantar el despliegue a 2026. 

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