Los tribunales complican el proceso de ampliación del Puerto de València

La culminación del proceso de ampliación del Puerto de València tropieza con un nuevo escollo judicial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid acaba de dictar un auto, con fecha 5 de diciembre de 2022, frente a los argumentos de la Abogacía del Estado, que da la razón a la plataforma Ciutat-Port y suspende cautelarmente la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de 30 de marzo de 2021 (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de València (APV) pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de tener otra declaración de impacto ambiental (DIA) -tras la ya lograda en 2007- para acometer el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores que la propia APV promueve en la ampliación norte del recinto del Grao.

La Autoridad Portuaria de València no se pronunció ayer sobre el citado auto del TSJ de Madrid porque todavía no lo ha recibido, aseguran fuentes de la APV. Con todo, hay que recordar que el presidente de Valenciaport, Aurelio Martínez, ya comentó al término de un reciente consejo de administración que la «validez» de la evaluación ambiental de 2007 sigue vigente y que «lo máximo que puede pasar es que si un recurso prospera -en referencia a lo que ahora ha ocurrido-, el órgano competente será Puertos del Estado, que ya se ha pronunciado desde el punto de vista técnico como el jurídico» y ha reconocido que sigue siendo válida la DIA de 2007.

La Comissió Ciutat-Port, tras las modificaciones en el proyecto constructivo que ha llevado a cabo la APV, cuestiona la legalidad del comportamiento «abstencionista» tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, como del Ministerio para la Transición Ecológica «al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los impactos en el medio ambiente de la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria».

Conflictos

Sin pronunciarse acerca del asunto de fondo, es decir sobre si hay que paralizar o no el proceso de ampliación, el TSJM indica que «valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el Tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la DIA del proyecto ‘Ampliación del Puerto de Valencia’».

Según la APV el órgano competente será Puertos del Estado, que ya se ha pronunciado desde el punto de vista técnico como el jurídico

Estas consideraciones del tribunal, según los portavoces de la Comissió Ciutat-Port, deben interpretarse como un respaldo a sus argumentos y les lleva a mantener una «razonable confianza en una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del Puerto de València por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana».

Según la Comissió Ciutat-Port, Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del recinto que fue aprobado en el consejo de administración de la APV el pasado 2 de diciembre, y decidir con una «motivación adecuada» si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada quince años atrás y que obtuvo la DIA favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental.

El BOE publica la ampliación

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjo pocos días antes de que el BOE publicara -ayer- el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de València y la adjudicación a la empresa valenciana Baleària de la construcción y explotación de la nueva terminal de pasajeros. El consejo de la APV dio luz verde al proyecto de ampliación norte, dotado de una inversión público-privado de cerca de 1.564 millones de euros, con los votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, y el secretario autonómico de vicepresidencia de la Generalitat, Iván Castañón, ambos de Compromís.

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