El bloqueo durante un mes en la ley de Comercio Sostenible pone en riesgo su aprobación esta legislatura

Las discrepancias en el seno del 'Govern del Botànic' con las elecciones cada vez más próximas amenazan seriamente con truncar el futuro de la Ley de Comercio Sostenible. Hace casi un mes, el 24 de noviembre, la parte socialista (la secretaria autonómica Empar Martínez Bonafé) de la Conselleria de Economia que dirige Rafael Climent (Compromís) decidió frenar su llegada al Consell para su aprobación con el objetivo de tener más tiempo para lograr un acuerdo con la patronal en torno a uno de los pilares de la norma. Este horizonte son las áreas de promoción económica urbana (Apeu), una nueva figura que entre otras cuestiones tiene previsto regular la gestión de los centros comerciales en las ciudades y pueblos. Sin embargo, casi un mes después, en la tramitación de la norma no se ha dado ningún avance. Y mientras, el tiempo para lograr que esta se acabe impulsando se sigue reduciendo.

Desde la parte socialista apuntaban a este diario que no se había seguido adelante con la aprobación porque en estas semanas se mantenían las "diferencias" entre la norma y el sector y que su voluntad era "volver a sentarse y ver si se podía encontrar un punto en el que no haya ni media discrepancia". No obstante, ese camino no resultaría viable para que la norma siga adelante.

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Porque en un momento como el actual en el que el anteproyecto ya cuenta con todos los avales necesarios, cualquier modificación de la norma tras haber pasado por el Comité Econòmic i Social (CES) o el Consell Jurídic Consultiu implicaría dar marcha atrás en todo este proceso administrativo. "No podemos tocar ni una coma de lo que hay en la ley, porque eso significaría comenzar de cero todo el proceso administrativo", destacaban ayer al respecto fuentes de Compromís en la Conselleria.

Evitar la paralización

Ante esta situación, las citadas fuentes señalaban directamente al PSPV pidiéndole "coherencia" -después de que en abril si dieran su visto bueno al anteproyecto- e inquiriéndole a que deje de "paralizar" la norma y diga ya "si está de acuerdo o no". En esta línea reclamaban también a sus socios que den definitivamente el paso de aprobarla en el Consell, ya que después "todavía hay un proceso de negociación en Les Corts donde se pueden hacer cambios por la vía parlamentaria". Además, en el caso de que no diera tiempo por los plazos legislativos a dar el visto bueno en esta legislatura, desde Compromís destacaban que "se quedaría pendiente para la próxima".

Eso sí, existe un "compromiso" desde la Conselleria -transmitido por el propio conseller a la CEV, que integra a la asociación de los supermercados (Asucova), de las grandes superficies (Anged) y del pequeño y mediano comercio (Confecomerç), en una reunión que tuvieron la pasada semana- para que las 'Apeu' se acaben reglamentando codo a codo con el sector. De momento, preguntados por este diario, desde la CEV se mostraban ayer rotundos al respecto e insistían en que no querían que la norma "se apruebe en el Consell sin el visto bueno del sector”.

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Los complicados plazos

Pero en este escenario, aún si se desbloquea pronto la situación, los tiempos parlamentarios hacen casi imposible que la norma pueda ver la luz antes del final de la legislatura por la vía ordinaria. No en vano, tras los Presupuestos de este diciembre, el mes de enero será inhábil en Les Corts -es decir, que no hay pleno ni actividad 'oficial' en la Cámara- y el 3 de abril, si no hay adelanto electoral, les Corts se disolverán como paso previo a las elecciones previstas inicialmente para el 28 de mayo, lo que solo deja para llevar a cabo todo el proceso necesario los meses de febrero y marzo.

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