Las ITV prevén el "caos y colapsos" a partir de marzo en la C.Valenciana al pasar al sector público

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), firma que aglutina a siete empresas, 1.200 trabajadores que prestan este servicio en la autonomía, prevé una situación de "caos y colapsos" tras la reversión de este servicio público a la Conselleria de Economía después de 25 años gestionadas por compañías privadas. Así lo han reconocido esta mañana el director técnico de Aecova-ITV, Ignacio Guerrero, y el portavoz de esta organización empresarial, Francisco Llopis, en vísperas de que la administración autonómica vuelva a tomar las riendas a través de una sociedad pública tutelada por la Conselleria de Economía.

Los dirigentes de las ITV reclaman una prórroga de la concesión durante 15 meses más "para hacer las cosas bien" y evitar el traspaso de unas competencias "para lo que la empresa pública de la conselleria no está preparada". En ese sentido, dada la situación de ITV móviles y de la situación concesional de las plantas de ITV de Pilar de la Horadada y Redován, alrededor de 300.000 usuarios de la provincia de Alicante podrían quedarse sin servicio a partir del próximo mes de marzo.

Diversas empresas de Aecova-ITV, que generan una cifra de negocio anual de unos 20 millones de euros, han formulado recursos de reposición a la Conselleria de Economía para alargar el plazo concesional y evitar perjuicios económicos para las dos partes. Además, instan al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a negociar ante la falta de interlocución con el conseller Rafa Climent. Según esta asociación empresarial, ante la proximidad de la extinción de la concesión y la premura con la que actúa, el conseller está tomando “decisiones precipitadas e ilegales, carentes de proporcionalidad y que resultan flagrantemente contrarias a Derecho”. Por eso, Aecova-ITV sigue abogando por una transición tranquila que no se base en la improvisación y en las prisas y que no estropee “la buena prestación de un servicio público que se ha salvaguardado durante los últimos 25 años”. 

Empresas de Aecova-ITV han formulado diversos recursos de reposición a la Conselleria de Economía para alargar el plazo concesional

También consideran "ilegal" mantener el pago proveedores durante los próximos seis meses, tal como pretende la conselleria. Por eso han recurrido la resolución del 16 de diciembre de 2022 del conseller Climent sobre suministros por la que pretende que las concesionarias prolonguen sus contratos de suministros esenciales poniéndolos a disposición de la Generalitat hasta el 30 de junio. 

Otros recursos

Además, se va a recurrir también la resolución del 23 de diciembre de 2022 por la que asignan la prórroga partida (24 de febrero unas estaciones y 3 de marzo en otras) ante las dificultades técnicas de desgajar distintos periodos de prórroga, como las desigualdades que generan y la imposibilidad técnica para una correcta gestión. 

En cuanto a los escritos técnicos, se ha redactado uno que recalcula la prórroga hasta 15,3 meses por los daños causados por la eliminación prematura de la prueba de ruido, así como advertencias que describen las complicaciones técnicas y de toda índole que supone la asunción prematura de la gestión por parte de la empresa pública, para que culpen a las empresas concesionarias del caos y del colapso del servicio público a partir de marzo de 2023.

Pruebas de ruido

La patronal que aglutina los intereses de las ITV también ha vuelto a alertar de un posible expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar hasta a 300 trabajadores. Ese es el volumen de trabajadores que ha calculado la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos que se verán afectado por la decisión de la Generalitat de eliminar de forma "unilateral y a escondidas" de la prueba del ruido a partir del 1 de enero. En este sentido, la organización -que engloba a las entidades valencianas que, entre febrero y marzo, terminarán de tener la concesión de este servicio de inspección antes de que se revierta a manos públicas- destacaba este viernes en un comunicado que, "salvo que haya sido un error de previsión, la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público".

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