Uber decidió desafiar la 'ley Rider' tras fracasar su demanda judicial contra Glovo

19 de octubre del 2021, dos meses y una semana después de la entrada en vigor de la conocida como ‘ley Rider’. Uber presenta una demanda por competencia desleal contra Glovo y le reclama 90 millones de euros en concepto de indemnización por los daños económicos que le está causando que su rival siga repartiendo con trabajadores autónomos. La desestimación por parte de una magistrada de Barcelona a la demanda de la multinacional estadounidense desencadenó un cúmulo de acontecimientos que acabaron con Uber adoptando un modelo análogo al que entonces denunció. Y que mantiene en vilo la efectividad de una de las normas estrella -con permiso de la reforma laboral- de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El litigio tiene su origen en una expectativa truncada. La firma de las mochilas amarillas fundada en el Poblenou de Barcelona decide que tras la entrada en vigor de la 'ley Rider' ellos seguirán repartiendo con trabajadores autónomos. Según Uber, en aquel momento, falsos autónomos y en contra de la voluntad del Ministerio de Trabajo cuando redactaron la norma. Esta buscaba principalmente que los 'riders' de plataformas digitales tuvieran condición de asalariados.

Uber, que hasta entonces actuaba como todo el sector y operaba con autónomos, acató el espíritu de la norma y se pasó a flotas subcontratadas, más caras y con menos repartidores disponibles. Lo que redundaba en un peor servicio para el consumidor, que poco o nada sabe de la nueva ‘ley Rider’ y lo que le interesa es que el pedido le llegue rápido y puntual a su casa. 

Esa ventaja competitiva que mantenía Glovo era un peligro para la cuota de mercado de Uber. Y es que la multinacional estadounidense hizo números y calculó que las sentencias judiciales no obligarán a su competidor a cambiar de modelo hasta, como pronto, 2026. 

3 de febrero del 2022: el magistrado responsable del juzgado número 12 de lo mercantil de Barcelona desestima la demanda de Uber. Un fallo que acaba precipitando, entre otros, que la multinacional de origen estadounidense desmantelara unos meses más tarde su modelo de subcontrataciones y presentara su propio desafío a una de las normas estrellas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Fuentes consultadas de Uber y Glovo han declinado realizar declaraciones al respecto de esta causa judicial, ya vencida.

Una ley en duda, un sector en rebeldía

La ‘ley Rider’ pretendía ordenar el empleo en el sector de las plataformas digitales de reparto y garantizar unas mínimas condiciones laborales para los repartidores como asalariados. De momento no lo ha conseguido, en tanto que dos de las tres principales marcas del sector siguen repartiendo con autónomos, pese a las sombras de ilegalidad. 

Uber fue armando una ofensiva contra Glovo una vez ambas compañías reaccionaron de manera diametralmente opuesta a la entrada en vigor de la ‘ley Rider’. La primera obedeció en primera instancia las instrucciones dadas desde el Ministerio de Trabajo y pactadas con patronal y sindicatos. 

El camino para las ‘apps’ de ‘delivery’ era contratar o subcontratar a sus flotas. Uber acató, desmanteló su modelo de autónomos y los desconectó de su aplicación. Hechos en los que recientemente ha reconocido que no obró acorde a la ley, que incurrió en una especie de ‘ere encubierto’ y por el que indemnizará a 4.400 repartidores entonces afectados.

Glovo, por el contrario, no movió ficha, siguió repartiendo con trabajadores autónomos y únicamente laboralizó a su división encargada de las entregas de productos de supermercados. Una reacción que pilló a contrapié a sus competidores y que enojó al Ministerio de Trabajo. "La 'ley Rider' se va a cumplir y las empresas rebeldes se van a acometer al estado social y de derecho", afirmó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en sede parlamentaria. 

A partir de ese momento Uber activó la maquinaria para tratar de que su principal competidor en el mercado español jugara con las mismas reglas que él. Y antes de recurrir a la denuncia pública se personó en los juzgados. Allí presentó demanda al considerar "que la competencia en el mercado en el que operan estas empresas se encuentra gravemente amenazada por conducta desleal de Glovo", según recoge el fallo. Le pide al juez que obligue a Glovo a adaptar su modelo a la nueva normativa en un plazo máximo de tres meses. Y le reclama un pago de 90 millones de euros en concepto de indemnización por el agravio económico causado durante esos tres meses –entonces- de "competencia desleal".

La Inspección de Trabajo no pedalea tan rápido como las ‘apps’

El magistrado barcelonés tumba la demanda de Uber al alegar que esta "parte de un incumplimiento de la Ley Rider, que ningún tribunal ha declarado como tal". Y es que, pese a que la entrada en vigor de la normativa fue el pasado 12 de agosto del 2021 (hace hoy un año y cinco meses), todavía la Inspección de Trabajo no ha emitido ninguna acta posterior a dicha fecha declarando que sus repartidores operan como falsos autónomos. 

La ‘policía laboral’ todavía está cerrando operaciones previas a la entrada en vigor de la norma, como las últimas conocidas en Barcelona y Valencia, referentes a la operativa de Glovo entre 2019 y 2021 y donde la Inspección detectó 10.614 falsos autónomos e impuso una multa de 78,9 millones de euros. En base a esos ritmos, Uber calcula que no será hasta el 2026-2027 que dichas actas alcanzarán la operativa post ‘ley Rider’, superarán la validación judicial y las sentencias en firme obligarán a Glovo a laboralizar a sus flotas. 

Una vez fracasada la vía judicial, Uber activó la vía mediática y retó a Yolanda Díaz a hacer cumplir su ley, como la multinacional de origen estadounidense entonces estaba cumpliendo. "¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?", le preguntó la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, a la vicepresidenta segunda en marzo del 2022, un mes después de la fallida resolución judicial.

El sector, a expensas de la reforma del código penal

Seis meses después de esa amenaza, Uber volvió a activar su flota de autónomos, apuntalando las dudas sobre la efectividad de la ‘ley Rider’, en tanto que dos de las tres (la otra es Just Eat) principales plataformas de reparto con trabajadores por cuenta propia. Su traslación de las subcontratas a los autónomos provocó una reacción en cadena y otras firmas menores del sector, como Stuart, despidieron a repartidores que realizaban hasta entonces entregas para Uber para luego volver a engancharlos como autónomos para seguir prestando el mismo servicio.

A dicho movimiento el Ministerio de Trabajo respondió este pasado diciembre con una reforma del código penal, que tipifica explícitamente como delito aquellas prácticas empresariales que imponga de forma reiterada "fórmulas ajenas al contrato de trabajo". Una reforma del código penal que ya ha entrado en vigor y que tiene en vilo a todo el sector, a expensas de cómo resolverán los jueces y qué efectos tendrá sobre las plataformas y sus administradores.   

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