El TSJ mantiene la suspensión de la capacidad del Puerto de València sobre la evaluación ambiental de la ampliación

Otro revés judicial para la Autoridad Portuaria de València (APV) para acometer la puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado y, en consecuencia, mantiene la medida cautelar acordada el pasado diciembre a petición de la Comissió Ciutat-Port, por la que acordaba suspender la eficacia de la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, mediante la cual el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) pretendía otorgar a la APV la capacidad de decidir someter o no a evaluación ambiental el proyecto de la nueva terminal que pretende gestionar la multinacional TiL-MSC.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un Auto, de fecha 25 de enero de 2023, por el que desestima el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra el Auto de fecha 5 de diciembre de 2022, de dicho Tribunal.

Según la Comissió Ciutat-Port se mantiene la resolución judicial que, estimando la petición formulada por esta entidad formada por asociaciones vecinales y ecologistas, ordenaba la suspensión de la Resolución de fecha, de 30 de marzo de 2021, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la macroampliación que la misma APV promueve.

Pese a todo, el presidente de Valenciaport, Aurelio Martínez, aseguró el pasado mes de diciembre de que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que ha suspendido de manera cautelar la resolución de marzo de 2021 del ministerio para la Transición Ecológica que permitía a la APV decidir por sí mismo si era necesaria o no una nueva evaluación ambiental (DIA) para construir la nueva terminal norte del Puerto de València“ no altera los planes de licitación” de esta infraestructura . Al término del consejo de administración de Valenciaport, Martínez comentó que los pliegos para sacar este gigantesco proyecto constructivo a oferta pública de las constructoras -que requiere una inversión pública de unos 500 millones de euros- se iban a remitir este mes de enero al Gobierno central para que tengan el visto bueno del Consejo de Ministros.

Quién decide la DIA

Según Ciutat-Port, la Resolución judicial priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre una macroampliación que, de realizarse, pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de l' Albufera.

Desde la Comissió Ciutat-Port se viene cuestionando la "legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del MITECO

Desde la Comissió Ciutat-Port se viene cuestionando la "legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del MITECO al eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia".

Cuando el MITECO, en marzo de 2021, dictó una Resolución que, 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental de 2007, pretendía modificar las responsabilidades de las diferentes autoridades para convertir a la APV en “juez y parte” en la evaluación de impactos ambientales de una ampliación cuestionada, la plataforma ciudadana ya recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio sin obtener respuesta, por lo que acudieron a los tribunales frente a una Resolución que siempre han calificado de “nula de pleno derecho” y dictada en fraude de ley.

Es en ese procedimiento judicial, iniciado ante la Audiencia Nacional pero derivado finalmente a la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se ha ratificado ahora la primera decisión judicial favorable a los argumentos de la plataforma ciudadana.

Según la Comissió Ciutat-Port, el MITECO, y el organismo público Puertos del Estado, "deberán ahora abandonar su política abstencionista y asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV. En cumplimiento de la decisión judicial, Puertos del Estado deberá decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada quince años atrás y que obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental".

Se trata de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del asunto

Aunque se trata de una medida cautelar que no prejuzga la sentencia final sobre el fondo del asunto, el TSJ de Madrid en su resolución, ahora confirmada, avanza que: “… valorados los diversos intereses en conflicto, la apariencia de buen derecho de la pretensión y la necesidad de asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, el Tribunal estima concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida solicitada, habida cuenta de un fumus de inexistencia del procedimiento debido para llevar a cabo la modificación en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación del Puerto de Valencia”. 

Ahora el Tribunal ha confirmado el fumus boni iuris y el periculum in mora, esto es la presunción de buen derecho y la existencia de peligro para la eficacia de la futura sentencia si ésta es favorable y la resolución recurrida ya se ha ejecutado antes de dictarse dicha sentencia.

Pendiente del Consejo de Ministros

Según el portavoz de la Comissió Ciutat-Port, Antonio Montiel, “en la actual situación de paralización judicial de la posibilidad de decisión de la APV sobre evaluación ambiental, ésta no podría elevar al Consejo de Ministro la solicitud de autorización para la contratación de las obras del proyecto precipitadamente aprobado por su consejo de administración el pasado 2 de diciembre, sino que tiene que volver a la casilla de salida si no quiere incurrir en graves responsabilidades por infracción de la legislación ambiental”.