Las ITV piden retrasar la reversión por la "falta de capacidad y medios" de la Generalitat

A pocas semanas para que se consume la reversión, las concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana tienen claro que la Administración no tiene actualmente "la capacidad ni los medios para hacerse cargo de la prestación de este servicio tan esencial" a partir del 24 de febrero (en el caso de la primera tanda de estaciones que pasarán a manos públicas) y del 3 de marzo, momento en que lo hará la segunda. Por eso solicitan "la modificación de la fecha prevista" para la reversión. En este sentido, a través de un comunicado lanzado por la entidad que las aglutina (Aecova-ITV), han reiterado su critica a la Generalitat por "la falta de comunicación y la inexistencia de una hoja de ruta factible" que impide "una transición tranquila con garantías legales".

En concreto, en su texto, Aecova señala una serie de carencias que la gestión pública tendría ahora mismo, empezando por que contaría "únicamente con un trabajador, su director general", Josep Albert. Además, las concesionarias afirman que "no se ha realizado ningún inventario de los bienes sujetos a la reversión", ni que tampoco "se ha puesto en marcha un servicio de riesgos laborales".

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Falta de negociación

Del mismo modo, critican que no se haya "emprendido ninguna negociación con ayuntamientos afectados por el arrendamiento del suelo y no se ha presentado un cálculo de las amortizaciones pendientes". Además, respecto a la formación de los empleados, denuncian que no se haya construido "una ITV piloto en Torrent, que sería la base para la formación de personal previa a la reversión".

Por otro lado, Aecova critica también que no se haya realizado "el análisis individual del personal, la definición de la correspondencia o equivalencia de cada puesto, los criterios de selección, así como haberse concretado la masa salarial y la relación de puestos de trabajo para poder ser asumidos en la nueva mercantil". Y respecto a la resolución que les obliga a mantener hasta el próximo 30 de junio los contratos de suministros básicos como el agua, la luz o las citas previas, desde la asociación aseguran que es “manifiestamente ilegal" y que "no se han realizado los trámites administrativos necesarios para contratar, aunque fuese por urgencia, los elementos indispensables para que la operativa de las estaciones funcione".

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Centrados en la reversión

Tras el comunicado, Josep Albert explicó a este diario que pese a las acusaciones "continuamos nuestro camino" estando centrados "en el proceso de reversión, en poner todo en marcha y que se siga prestando el servicio". Por eso insistió en pedir "la máxima colaboración de las empresas concesionarias, porque si ellas colaboran todo será más fácil y si no habrá dificultades", entre ellas el de no contar con citas previas. Y añadió que estas empresas "deben garantizar el correcto funcionamiento del servicio" y si no se estudiarán las medidas oportunas.

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