Bruselas arrastra a la flota a un año perdido en Gran Sol con su veto a la pesca de fondo

El 9 de octubre de 2022 entró en vigor el reglamento 2022/1614, con el que la Comisión de Pesca ordenó el cierre a la pesca de fondo en más de 16.400 kilómetros cuadrados de aguas comunitarias. En suma, 87 áreas en las que –expone el documento– “se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan”. Mera posibilidad que sirvió al equipo de Virginijus Sinkevicius y Charlina Vitcheva para mandar al patíbulo a buques de arrastre y palangre de fondo, la mayoría gallegos, en una disposición con errores de batimetría. Como demostró FARO, del grupo Prensa Ibérica, casi la mitad de esas áreas ni siquiera alcanzaban los 400 metros de profundidad, donde el propio reglamento descartaba afectación. Y con dos problemas severos de procedimiento, como también desveló este periódico: el veto se aplicó sin disponer de ningún análisis de impacto socioeconómico y sin tener ningún dato de la huella del palangre en el fondo del mar. El Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF), el que tenía que haber evaluado hasta qué punto este reglamento iba a dañar a la flota y las economías costeras, no emitirá su informe hasta al menos la segunda semana de julio. Un año perdido para un sector que se anotó, desde entonces, los peores registros de capturas e ingresos de toda la serie histórica.

En una pregunta por escrito, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha cuestionado al comisario por el dictamen pendiente del STECF. “La Comisión confirmó el pasado 6 de enero que ya había solicitado al Comité que examinase el reglamento de ejecución”, si bien “no ha emitido todavía este dictamen, que debería incorporar consideraciones económicas, sociales y de empleo”. Preguntado por la fecha de difusión de ese estudio, el propio comisario no concreta ninguna. “La Comisión espera que el dictamen del CCTEP –son las siglas en castellano del comité científico y técnico– se emita en las semanas siguientes al pleno entre los días 10 y 14 de julio de 2023”. Si agosto es inhábil también en Bruselas, podrá darse la circunstancia de que el análisis económico del veto a la pesca de fondo llegue un año después del anuncio del reglamento, que se realizó el 15 de septiembre de 2022.

Este enorme revés a la flota se lanzó en base a un informe del ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano), en el que se reconoce explícitamente que no disponen de información del impacto económico de una medida de estas características. “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, versa textualmente ese documento, de 248 páginas. Las circunstancias de las VME (Vulnerable Marine Ecosystems, ecosistemas marinos vulnerables): los datos son incompletos”, abunda.

Pero incidía en otro aspecto determinante: aplica el mismo rasero a las artes móviles (como el arrastre) y las fijas (palangre), aunque nunca se evaluó el impacto de las segundas en los fondos marinos. “Si bien es posible cuantificar los impactos de los aparejos móviles en su contacto con el fondo, aun existen problemas con los barcos que usan artes fijas”. Es más, apunta a que no pueden evaluar de forma “confiable” en qué medida su actividad suponen un “esfuerzo” para el ecosistema. Y sentencian los científicos: “La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes también se desconocen en gran medida”. El hachazo contra esta flota, con enorme presencia en la costa lucense y el puerto de Vigo, se consumó igualmente.

Esto ha servido de base al Gobierno de España para interponer un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea. Por dos motivos claros, tal y como figura en su redacción: “ la omisión del análisis del impacto de artes fijas de pesca en aguas profundas infringe el Reglamento de base y el principio de proporcionalidad” y porque “la determinación de las zonas en que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la probabilidad de que existan infringe el Reglamento de base y el principio de proporcionalidad”. En lo que va de año, las lonjas gallegas registraron la venta de 37.281 toneladas de pescado por algo más de 100 millones de euros, que son los valores más pobres desde que existen registros para periodos equivalentes.

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