Los colegios profesionales valencianos estallan contra la burocracia en la Seguridad Social

Una decena de colegios y asociaciones profesionales de la Comunitat Valenciana emitieron ayer un comunicado conjunto para reclamar la mejora de la burocracia y la recuperación de los cauces de atención personal que había antes de la pandemia con la Seguridad Social y el resto de la Administración para sus 30.000 miembros y para el resto de empresas y particulares. En el manifiesto rechazan el aumento de tareas burocráticas a las que están sometidos los profesionales y que son propias de la Administración. Un ejemplo de esta situación es la obligación a la que se ha sometido a los gestores profesionales de tramitar miles de datos de los autónomos antes del 31 de octubre para la Seguridad Social "con un programa informático desfasado" a pesar de que la Administración ya dispone de esa información en departamentos como Hacienda.

Interlocutores con la Administración

Los diez colegios y asociaciones profesionales que han levantado la voz representan a abogados, graduados sociales, asesores fiscales, gestores administrativos, administradores de fincas, oficinas y despachos, y economistas. Estos profesionales trabajan y ejercen de interlocutores con la Administración en la mayoría de los procesos que realizan empresas y particulares con la Administración.

Posición unánime

De forma conjunta, los diez colegios profesionales rechazan la “derivación” de trabajos propios de la función pública y denuncian la existencia de plazos breves y computados en días naturales. Exigen asimismo “empatía” en su relación con la Administración y lamentan que “no se les toma en consideración” por lo que reclaman el cumplimiento de la Ley 39/2015 en toda su amplitud, y ser tratados “con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos”.

Indefensión

Tras poner en común su malestar, los colegios denuncian la “indefensión” que producen las masivas notificaciones por el Boletín Oficial del Estado que modifican los procedimientos administrativos y en ocasiones les obligan a prolongar su jornada laboral, que en algunos casos llegan a ser de más de doce horas para poder hacer frente a los plazos. En este sentido, los profesionales exigen el derecho a la conciliación familiar, a la salud, al descanso y a recibir comunicación de la Administración en tiempo ordinario de trabajo. “Los profesionales somos esenciales para la buena comunicación entre la Administración y el administrado y queremos seguir siéndolo”, concluyen.

Amparo Máñez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castelló, lamentó que soportan un exceso de carga de trabajo por la burocracia de la Administración desde la pandemia. «Empezó con la tramitación de los Erte y se ha generalizado. Ahora estamos sobrecargados por la tramitación de los datos de los autónomos, que tienen que estar lista antes del 31 de octubre», lamentó Máñez.

Suscríbete para seguir leyendo