Los empresarios exigen que Sánchez saque el Puerto de València del pacto con los independentistas catalanes

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, calienta motores en vísperas de comenzar, oficialmente, el período de negociaciones para fijar una nueva sesión de investidura en el Congreso como jefe del Ejecutivo central para una próxima legislatura. El posible pacto con sus futuros socios, más allá de aprobar una ley de amnistía y aceptar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, también podría tener importantes consecuencias para el futuro del Puerto de València, lo que no pasa desapercibido a los empresarios de la Comunitat. En ese sentido, “ante las supuestas presiones por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Cat (JxC)” para que no se amplíe el recinto del Grao, desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), así como la Cámara de Comercio, la Asociación Naviera Valenciana y la asociación de empresarios y directivos logísticos Propeller València, han querido dejar constancia “del total apoyo al proyecto de la construcción de la terminal norte de contenedores, en una ampliación que ya está realizada”.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, sostiene que una infraestructura clave como la citada terminal de carga y descarga de mercancías “no se puede utilizar, de forma directa o indirecta, como moneda de cambio en ningún tipo de negociación política”. Como se recordará, la coalición Sumar (que incluye a Compromís y Podemos), liderada por Yolanda Díaz, también se frena el visto bueno del consejo de ministros a la autorización de la pretendida inversión de la APV, lo que impide la licitación y adjudicación de las obras de esta gigantesta infraestructura de 136 hectáreas de superficie ganada al mar y con capacidad para albergar 5 millones de contenedores.

En opinión de Navarro, “dos formaciones catalanas no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunitat Valenciana desde el punto de vista económico, empresarial y social. De ahí que pidamos al presidente del Gobierno en funciones -puntualiza Navarro- que en caso de existir presiones por parte de ERC y Junts per Cat para frenar la terminal, las desoiga".

"Visión de Estado"

La CEV espera que esas conversaciones de Sánchez para poder formar gobierno "no deriven en la paralización de la terminal norte del Puerto de València. La competencia entre autonomías es entendible pero también debe ser responsable, igual que debe serlo la actuación del Gobierno, al que pedimos que actúe con visión del conjunto del Estado y no acepte unas presiones que podrían derivar en un conflicto interterritorial", agrega.

Navarro: "Dos formaciones catalanas no pueden condicionar la decisión sobre una infraestructura clave para el futuro de la Comunitat Valenciana"

En plena competencia entre puertos del Mediterráneo por captar más tráficos de mercancías, algo que es natural y comprensible, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso formuló en 2020 una larga batería de preguntas al Gobierno de España sobre la situación del Puerto de València, su zona de actividades logísticas (ZAL), el acceso norte terrestre e incluso del espacio de usos de la Marina Real de València. ERC instó entonces al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse la «suspensión cautelar» del proyecto de ampliación del recinto del Grao.

La autorización del Gobierno

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia aprobó hace cuatro años la inversión que debe realizar Valenciaport (algo más de 500 millones de euros) para adecuar la nueva terminal de contenedores, que pretende explotar la multinacional TiL-MSC y en la que invertirá unos 1.100 millones de euros. Y lo remitió a Puertos del Estado para su posterior elevación al Consejo de Ministros, que debe dar su visto bueno al ser una obra que supera los 12 millones de euros. Desde ese momento, lamenta Navarro, el proyecto ha permanecido bloqueado por una parte del Ejecutivo , a pesar de que fue el propio Gobierno el que hizo suyos los argumentos del estudio realizado por la Universidad Politécnica de València sobre la terminal norte en una respuesta parlamentaria del año 2021.

Los contínuos retrasos la la compañía de capital italosuizo "podrían espantar" a la citada naviera, reconoció el presidente de la asociación de directivos y empresarios del sector logístico Propeller València, Alfredo Soler. En una entrevista publicada este pasado fin de semana en Levante-EMV, Soler aseguró que "los socios de Sánchez quieren potenciar el Puerto de Barcelona, no el de València". También la Asociación Naviera Valenciana, que preside el armador Vicente Boluda, expresa su malestar ante el bloqueo del Gobierno central, aseguran fuentes portuarias.

Morata: "No se puede dejar en el aire"

El máximo dirigente de la Cámara de Comercio de València, José Vicente Morata, considera que “no hay ningún motivo objetivo para que el Gobierno en funciones retrase la autorización de las inversiones de un puerto que no sólo es el de Valencia, sino también de España y del sur de Europa". Morata, a la sazón consejero de la APV, agrega que el Ejecutivo central puede “perjudicar las competitividad de las empresas exportadoras, que tienen en el puerto valenciano la principal puerta de salida para las ventas de las mercancías de España hacia todo el mundo. El Gobierno no puede perjudicar un puerto que es para toda España”, comenta.

El dirigente cameral resaltaque la nueva terminal de contenedores “no se puede dejar en el aire” porque la decisión de MSC es “económica y no política, avalada con informes técnicos favorables, incluidos los medioambientales, de las administraciones públicas. Si Valenciaport no puede acoger a MSC la acogerán otros y peligrará el futuro del puerto valenciano frente a sus más directos competidores, como Barcelona, Tánger o Egipto”.

Impacto económico

Los empresarios destacan la posición de liderazgo de la dársena valenciana en el Mediterráneo, así como su papel en el comercio exterior de Madrid. La construcción y puesta en marcha de la futura terminal supone una inversión conjunta entre el sector público y privado de algo más de 1.600 millones de euros, así como la creación de unos 7.000 puestos de trabajo. “Esta situación no refleja un problema únicamente de la Comunitat Valenciana, sino que también afecta a la economía del país”, ha asegurado Navarro, que además recalca que la infraestructura “es un proyecto necesario e innegociable para la Comunitat Valenciana, como también debería serlo, por las mismas cuestiones, para toda España”.