Acusado de un delito penal

El consejero delegado de Glovo declarará ante el juez el 16 de septiembre por un delito contra los trabajadores

Óscar Pierre comparecerá ante la justicia por un presunto delito contra sus repartidores, acusado de emplearlos como falsos autónomos

Óscar Pierre, cofundador y CEO de Glovo.

Óscar Pierre, cofundador y CEO de Glovo. / JOAN CORTADELLAS

Gabriel Ubieto

El consejero delegado y fundador de GlovoÓscar Pierre, comparecerá ante la justicia este próximo 16 de septiembre, acusado de un delito contra los trabajadores. Así lo explican a El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este periódico, fuentes conocedoras del caso. El juez instructor responde así a la denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que considera que el empresario incurre en una falta penal por haber empleado y seguir empleando como presuntos falsos autónomos a miles de repartidores en las principales ciudades de toda España. Las penas contempladas en el código penal oscilan de los seis meses a los seis años de prisión.

La Fiscalía fundamenta sus acusaciones en las decenas de sentencias contrarias al modelo laboral de Glovo y las múltiples actuaciones que la Inspección de Trabajo ya venido realizando desde que esta plataforma digital de reparto inició su actividad en España, en 2015.

Desde entonces, y según el último balance inspector, Glovo ha tenido que abonar en concepto de multas y requerimientos un total de 253 millones de euros. Y la autoridad laboral ha regularizado a 40.889 repartidores por estar ejerciendo como autónomos para la plataforma digital, cuando deberían haber tenido un contrato de asalariado.

Glovo lleva manteniendo un pulso con el Ministerio de Trabajo desde hace años. El Gobierno llegó a aprobar una ley -conocida como ''ley Rider'- para obligar a las empresas de reparto a contratar laboralmente a sus repartidores. Algo a lo que Glovo hizo caso omiso para gran parte de su flota, que una vez entró en vigor la ley -agosto del 2021- siguió operando como autónomos.

El desafío de Glovo a la norma provocó que otras compañías del sector, como Uber, dieran marcha atrás en ese proceso de laboralización y volvieran a repartir mayoritariamente a través de flotas de autónomos. Es por ello que, en aras de hacer de Glovo un caso ejemplarizante, el Ministerio de Trabajo ha focalizado sus esfuerzos inspectores en la firma de las mochilas amarillas. Mientras Uber opera con un modelo muy similar y prácticamente no han trascencido inspecciones, Glovo acumula más de 250 millones de euros en multas y subiendo.

Fuentes conocedoras explican que una batería de nuevas actuaciones de Inspección en las principales ciudades de España están a punto de cerrarse. Por las que Glovo recibirá una nueva tanda de sanciones millonarias. En ese contexto despliega su recorrido la acción judicial, que llevará a Pierre a comparecer ante el juez en el mes de septiembre. El catalán es cofundador y cara visible de la firma, si bien actualmente la propiedad empresarial mayoritaria es de la sociedad alemana Delivery Hero.

Privación de derechos para ahorrar costes

La Fiscalía considera que Glovo impone a sus repartidores estableciendo "una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas", según figura en la denuncia remitida al juzgado.

Y es que un repartidor autónomo debe costearse él mismo la cuota de autónomos con la Seguridad Social, así como el teléfono móvil que utiliza para conectarse a la aplicación y gestionar los pedidos, así como la bicicleta o moto necesaria para repartirlos a tiempo. También tiene un margen limitado para determinar el precio que cobra por pedido. Y si enferma o coge vacaciones se queda sin ingresar. Cuestiones todas ellas que, si fuera asalariado, debiere asumir Glovo.

Mediante la reforma del código penal impulsada por el Gobierno en diciembre del 2022, el empleo reiterado de falsos autónomos quedó específicamente tipificado como delito penal. Reforma que fue vista por aquel entonces en el sector del 'delivery' como un traje a medida para Glovo, que ahora su consejero delegado enfrenta judicialmente las consecuencias. El endurecimiento de las penas tipificó estos delitos con penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses. Óscar Pierre es actualmente el administrador único de Glovoapp Spain Platform SL.

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