Parra niega la falsedad contable en el inicio de la macrocausa del Banco de Valencia

Más de doce años después de iniciado el proceso judicial con la demanda presentada por la asociación de pequeños accionistas Apabankval, ayer se inició en el juzgado central penal número 1 de la Audiencia Nacional en Madrid la macrocausa por el hundimiento del Banco de Valencia, que tiene sentados en el banquillo de los acusados a los miembros del consejo de administración por un presunto delito de falsedad en las cuentas de 2010 y de los dos primeros trimestres de 2011. Los primeros exresponsables en declarar en el juicio negaron la mayor y derivaron las responsabilidades, en el caso de que las hubiere en el Banco de España, el auditor, los interventores o el equipo directivo.

Tras la habituales cuestiones formales -el juez decidirá a lo largo de este mes si se incorporan o no a la causa los informes de gobierno corporativo del Banco de Valencia-, comenzaron a declarar los exconsejeros, si bien ninguno de ellos respondió a las acusaciones -cuatro populares, la fiscalía y la Abogacía del Estado- y solo lo hiceron a sus abogados. Celestino Aznar no contestó ni a su defensor.

Parra

El exconsejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, pese a que era el primer ejecutivo de la entidad financiera, derivó cualquier responsabilidad en el Banco de España, de manera principal, pero también en los auditores y el equipo directivo que él capitaneaba. Por una parte, según aseguró ayer a este diario el abogado de Apabankval, Diego Muñoz-Cobo, afirmó que las cuentas las elaboraba la intervención general del banco, que estaba integrada por tres decenas de personas, que los estados contables de la entidad se enviaban todos los meses al supervisor y que, en consecuencia, este "lo sabía todo" sobre la firma valenciana, perteneciente al grupo Bancaja, antes de que la junta de accionistas aprobara las cuentas, entre otros motivos porque tenía desplazados a la sede de la propia entidad a un grupo de inspectores que realizaban una vigilancia permanente y se reunían con el auditor.

Parra añadió que "nunca nadie alertó de que las cuentas estuvieran mal formuladas" y que "nunca" ocultó información al Banco de España, según Muñoz-Cobo. Parra insistió en que nunca recibió ningún requerimiento y recordó que 2011 fue un año extremadamente complicado, ya que la crisis iniciada en 2008 cogió nueva dimensión con el parón del mercado inmobiliario y el consiguiente hundimiento de las entidades financieras, como el propio Banco de Valencia, que acabó intervenido en noviembre 2011 y luego vendido por un euro a Caixabank. A principios de 2012, los pequeños accionistas de la entidad presentaron una querella en València que un año más tarde pasó a Madrid, a la Audiencia Nacional, una vez que el juez Santiago Pedraz empezó a instruir otras causas presentadas por el fondo público Frob contra la ex cúpula del banco. Esos propietarios minoritarios buscan con este juicio poder reclamar la pérdida patrimonial que sufrieron tras la intervención y que los exconsejeros, las empresas a través de las que estaban en el consejo y CaixaBank y la Fundación Bancaja les abonen una indemnización.

Girona y Tirado

La exconsejera María Irene Girona, que declaró por videoconferencia, aseguró que votó a favor de las cuentas del Banco de Valencia de los citados ejercicios porque "tenían el visto bueno del auditor y del interventor". El exvicepresidente del banco Antonio Tirado insistió en la misma línea: que el Banco de España nunca dijo nada, que el auditor dio el visto bueno a las cuentas, que su función era meramente honorífica y que los estados contables eran responsabilidad de los directivos.

Suscríbete para seguir leyendo