Olivas asegura que el Banco de Valencia era solvente y sus cuentas impecables

La segunda jornada de la macrocausa por el hundimiento del Banco de Valencia siguió el mismo tono marcado en la primera por los exconsejeros que declararon: todos eludieron responsabilidades sobre el presunto delito de falsedad contable por el que se sientan en el banquillo de los acusados y la derivaron en el Banco de España, el interventor, el auditor o los directivos. Incluido el que fue su presidente desde 2004 y hasta octubre de 2011, José Luis Olivas, quien llegó a defender la solvencia de la entidad y que las cuentas eran impecables. La gran novedad es que ayer varios de los ex miembros de la cúpula que declararon confesaron con cifras las enormes pérdidas que sufrieron tras la intervención por parte del fondo público Frob en noviembre de 2011, en lo que constituyó el paso previo a su venta por un euro a Caixabank.

Pocos meses más tarde, la asociación de pequeños accionistas Apabankval presentó un querella en València contra la cúpula del banco por los delitos de falsedad contable que después sería asumida por la Audiencia Nacional y que este lunes se ha empezado a juzgar, en busca, estos minoritarios, de un resarcimiento económico por las pérdidas que también padecieron.

Funciones

Olivas, que llegó al cargo en representación de Bancaja tras ser elegido presidente de esta última, afirmó ayer que no tenía retribución en el banco, ni poderes ni contrato, a pesar de que la exconsejera Agnès Noguera, en su declaración previa, había afirmado que la caja de ahorros, principal accionistas del Banco de Valencia, era la que dirigía la estrategia del mismo y que la mayoría de directivos de este último procedían de aquella, según explicó a este diario el abogado de Apabankval, Diego Muñoz-Cobo. Sea como fuere, quien también fue presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003 aseguró que nunca se reunió con algún ejecutivo del banco para despachar con él.

Solvencia

El político del PP afirmó ayer que el Banco de Valencia era "solvente" y que así lo reconoció el Banco de España, que tenía recursos propios de 1.400 millones -42 por encima de lo que requería el supervisor- y que la puntilla a la entidad se la dió la crisis, "la más grave que había padecido España en tiempos de paz". En su opinión, el banco no fue intervenido en 2009 ni en 2010 porque estaba bien. De lo contrario, habría pasado a control público como sucedió con previamente con otras entidades, como la CAM. Añadió que no participó en la elaboración de las cuentas anuales y, a pesar de ello, afirmó que estas eran "impecables" y añadió, como hicieron otros exconsejeros, que el Ministerio de Economía autorizó el reparto de beneficios en aquellos años, lo que, en su opinión, fue un reconocimiento de que las cuentas eran correctas.

El turno de declaraciones lo había iniciado el copropietario de la constructora Pavasal, José Luis Quesada, quien apuntó que presentó la dimisión el mismo día que Olivas, aunque él por la mañana, por motivos de salud. Según su relato, las cuentas del banco estaban "bien", no hubo disconformidad alguna con el Banco de España, que el auditor Deloitte y el comité de auditoría de la entidad "iban a una" y que no fue si no después de la intervención cuando tuvo noticias de las discrepancias entre la entidad y el supervisor. Quesada confesó que tenía un millón de acciones y que perdió dinero. Es más, en ese mismo año de 2011 compró 208.000 títulos, operación que no habría realizado de tener la menor sospecha sobre la situación del banco.

Presidente

María Dolores Boluda recordó que su abuelo fue uno de los primeros presidentes del Banco de Valencia, del que ella era consejera desde 1982, aunque en los últimos tiempos representaba a una empresa del grupo Bancaja, de la que "nunca recibió mandato alguno" a la hora de votar. Boluda tenía 360.000 acciones cuando la entidad pasó a estar bajo el sector público. Admitió que no tenía estudios específicos de economía. Aún así, la situación contable del banco le pareció correcta.

El propietario de la empresa azulejera Torrecid, Federico Michavila, era, además de consejero, miembro del comité de auditoría. Ayer defendió la profesionalidad del equipo del banco y añadió que el interventor general explicaba todos los meses la situación de la entidad "y nunca planteó dudas". De hecho, "hacía comparativas con otros bancos" y el de Valencia estaba "igual o mejor que la media del sector", según relató el abogado Muñoz-Cobo. Por tanto, todo estuvo "conforme y sin sospechas". Además, nunca intervino en la formulación de las cuentas, sino que las vigilaba y el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercados de Valores "nunca dijeron nada". Michavila añadió que no tuvo conocimiento de los requerimientos que realizó el supervisor a los directivos del banco, entre otros motivos por discrepar sobre la consideración de los activos que estaban dañados y que debían ser dotados, lo que iba en contra de la cuenta de resultados. Michavila admitió que llegó a tener 50 millones de euros en acciones del banco y que perdió dinero.

Acciones

Silvestre Segarra, vicepresidente del grupo Porcelanosa, estaba en el consejo en representación de Bancaja. Su grupo de empresas llegó a tener 90 millones de euros en acciones, un 3 % del total, y lo perdió todo, según confesó ayer ante el juez. Al igual que el resto de consejeros, solo contestó a las preguntas de su abogado defensor, al que explicó que que siempre se sintió confiado porque el Banco de España estaba al corriente de la situación de la entidad valenciana.

Noguera, cuya familia perdió 300 millones de euros con la intervención y la previa depreciación de las acciones, apuntó que nunca saltó la alarma sobre la situación contable del banco porque el interventor les detallaba la situación y todo "estaba bien". Asimismo, recordó que "estábamos tranquilos" porque el auditor Deloitte era el principal del país y precisó que cerca del 99 % de las cuentas se generan a través de un proceso informático y que la parte no técnica, ese 1 %, es la que corresponde a las dotaciones, una de las claves de la intervención.

Por último, el médico Manuel Olmos, que era consejero externo y también perdió todo lo que invirtió, declaró en la línea de los otros exconsejeros. Para hoy está previsto que declare el representante de Deloitte. El jueves será el turno de los testigos.

Suscríbete para seguir leyendo