Los hoteleros amenazan con llevar al Gobierno a los tribunales si mantiene el nuevo registro de viajeros

Los hoteleros amenazan con llevar al Gobierno a los tribunales si el 2 de diciembre entra en vigor el nuevo registro de viajeros, que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recabar y comunicar una serie de información que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte).

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"Si entra en vigor (el 2 de diciembre) iremos a los tribunales al día siguiente o cuando alguien reciba una multa por incumplimiento. Es una medida ilegal e incumplible que ha generado un problema que no había", afirma en declaraciones a EL PERIÓDICO el secretario general de la patronal hotelera (Cehat), Ramón Estalella.

En la actualidad, estos establecimientos recogen datos que están incluidos en el DNI y el pasaporte, de forma que al escanear estos documentos se extraen automáticamente toda la información y se envía a la Policía Nacional o la Guardia Civil, en función del municipio en el que esté el hotel.

Pero a partir del 2 de diciembre, la recolecta de información se multiplica, al incluir cuestiones como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio, lo cual exige un proceso manual, al no estar incluidos en los citados documentos oficiales.

Además, el remitente deja de ser la Policía o Guardia Civil y pasa a ser el Ministerio del Interior, a través de una plataforma que según el sector "no funciona". "Tienen un problema de ciberseguridad gigantesco que podría dejar al descubierto todos los datos del Ministerio", añade Estalella.

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"No creo que lo hayan hecho con mala intención, pero es imposible cumplir la norma", insiste Estalella. La cuestión es que no hacerlo conlleva sanciones de entre 100 y 30.000 euros, en función de la gravedad. En caso de que los operadores no realicen un registro de los viajeros u omitan su información al Ministerio se considerará una falta grave, penalizada con multas de entre 601 y 30.000 euros, mientras en caso de fallos o falta de información se considerará infracción leve y la sanción se sitúa entre 100 y 600 euros.

Sin noticias de Interior

Después de la última prórroga, el 4 de octubre se celebró una reunión entre el Ministerio del Interior y los representantes del sector, entre los que se encontraba la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y en la que se estableció una "futura vía de colaboración", según relató entonces en un comunicado la patronal hotelera.

En ella, el Ministerio afirmó que la aplicación del real decreto sería definitiva a partir del 2 de diciembre, pero añadían que "no se solicitaría la recopilación de datos adicionales más allá de los que ya se recaban en los procedimientos habituales de sus actividades" y se desarrollaría una orden ministerial para facilitar la seguridad jurídica de este proceso.

Pero casi un mes después de ese encuentro, los hoteleros advierten de que no han vuelto a tener noticias del Ministerio. "Les dijimos que para tener seguridad jurídica necesitamos un documento explicativo en el que se deje claro qué tiene que hacer cada uno de los sujetos obligados. Nos dijeron que sí, pero a día de hoy no tenemos nota todavía, no nos ha llamado nadie y han pasado tres semanas", insiste Estalella.

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Doblar o triplicar plantilla

Los hoteleros insisten en que el real decreto ideado por el Ministerio del Interior "es imposible de cumplir" y supondría tener que duplicar o triplicar plantilla a muchos establecimientos. "Si te vienen 150 personas de golpe, los pones a rellenar unos papeles para que después alguien pase esa información a la web del Ministerio de forma manual", explica Estalella.

La norma no es nueva. Fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero se prorrogó en varias ocasiones ante las demandas del sector y por las dificultades para remitir la información a través de la plataforma creada por el Ministerio del Interior. Primero se extendió su implantación hasta el 2 de noviembre del 2023 y, posteriormente, hasta el 1 en octubre del 2024. 

El Congreso de los Diputados pidió la semana pasada al Gobierno volver prolongar la suspensión  de la norma, a través de una proposición no de ley impulsada por el Grupo Popular, que ha sido apoyado por Vox, Junts, UPN, Coalición Canaria y BNG. PSOE, Sumar, ERC y Bildu votaron en contra y PNV y Podemos se abstuvieron.

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