Los daños de la dana abren la vía judicial entre comerciantes y caseros

Los daños de la dana en tiendas y centros comerciales han abierto la vía judicial entre comerciantes que siguen pagando el alquiler pese a que su negocio está parado y caseros. Los despachos de abogados prevén una avalancha de reclamaciones por el mantenimiento del pago del alquiler a tiendas arrasadas. Los abogados especializados defienden que los afectados se pueden acoger a la cláusula 'rebus sic stantibus' (que significa 'mientras sigan así las cosas'), que ya aplicó la Audiencia de Valencia durante la pandemia y que permitió la suspensión del pago de los alquileres.

Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, advierte de que los comerciantes se encuentran "ante un problemón" porque un 65 % de ellos trabaja en locales alquilados. Torres incide en que las dos partidas con mayor gasto para el comercio son el "alquiler y los salarios" y defiende que el Estado debe articular un mecanismo para abonar parte de esos arrendamientos durante el periodo que no hay actividad por los daños como ocurre con los Erte. El representante de la Confederación Española de Comercio destaca que 8.600 comercios resultaron dañados por la riada por lo que hay 5.000 contratos de arrendamiento afectados.

Cese de actividad

Los afectados ya están empezando a organizarse. Juan Ignacio Navas, socio director del despacho especializado en derecho mercantil Navas & Cusí, señala que es evidente que el tsunami de la riada "va a generar problemas en muchos contratos". El cese de actividad por una situación imprevista de fuerza mayor provocada por la dana "hace imposible cumplir con hipotecas, préstamos personales y empresariales, alquileres y pago de suministros. Es necesario revisarlo todo".

El despacho defiende que los daños provocados por la dana harán necesario de nuevo la cláusula 'rebus sic stantibus', que permite suspender los contratos mientras no se pueda retomar la actividad. "La Audiencia Provincial de Valencia fue la primera en aplicar la cláusula 'rebus sic stantibus' con ocasión de la crisis de la covid 19. Los alquileres y contratos mercantiles deben ser revisados por la fuerza mayor de la riada".

El sector ha sufrido un gran impacto en municipios como Benetússer o Paiporta con decenas de locales comerciales destrozados. Además, hay grandes centros comerciales como Bonaire en los que la actividad todavía no se ha podido retomar.

"La cláusula rebus reconoce que la causa de fuerza mayor obliga a reformular los contratos que se suscribieron en condiciones muy diferentes", subraya Juan Ignacio Navas. El abogado añade que la cláusula estuvo en desuso hasta la covid y la pandemia la que hizo necesaria su uso para resolver situaciones "muy complicadas". "Ahora nos encontramos con una situación similar en la que un hecho imprevisto ha arrasado negocios y obliga a redefinir los contratos. Los bancos ya han aceptado una moratoria hipotecaria, pero ¿qué pasa con los préstamos empresariales?, ¿y con los alquileres o las garantías de suministro", se pregunta Navas.

Acuerdos extrajudiciales

El experto prevé que en muchos casos se podrá llegar a acuerdos entre las partes. "Sería lo más razonable habida cuenta de la difícil situación. Pero en los casos en los que no sea posible el acuerdo, habrá que recurrir a la justicia y apelar de nuevo a la cláusula rebus", concluye el socio director de Navas & Cusí.

Intervención del Estado

El presidente de la Confederación Española de Comercio insiste en que la situación es complicada porque el 65 % de los comerciantes está de alquiler y solo el 35 % es propietario. Rafael Torres duda de que los caseros de los locales suspendan el contrato de alquiler. "Lo que nosotros pedimos es que el Estado actúe igual que ha hecho con los Erte y asuma el abono de los alquileres durante un tiempo determinado porque es fuerza mayor", alerta. Torres añade que en los municipios pequeños los propietarios de los locales suelen ser familias que los tienen arrendados como complemento de sus ingresos. "No son grandes tenedores como en el caso de los centros comerciales o de ciudades grandes", señala.

Bonaire

Por otro lado, los operadores comerciales de Bonaire tratan de buscar una solución al pago de las rentas mientras el centro permanece cerrado por los daños provocados por la Dana. Los medios especializados Modaes y Ejeprime informaron ayer de que los comercios empiezan a organizarse para pedir a Unibail Rodamco Westfield (propietario del complejo) una solución a los alquileres y compensaciones por las pérdidas económicas por los robos y vandalización de sus comercios. Fuentes de Unibail apuntaron a Levante-EMV que no pueden avanzar qué va a pasar con las rentas porque todavía no se lo han comunicado a los afectados y subrayaron que la relación con ellos es fluida. El centro comercial resultó afectado en la noche del 29 de octubre por el desbordamiento del Barranc de la Saleta de Aldaia. Castellana negocia la compra del centro comercial por 240 millones y la firma se ha visto retrasada por la inundación.