La fiscalía rebaja la petición de penas para Olivas y Parra

Doce años han transcurrido desde que se presentó en 2012 la primera querella contra la ex cúpula del Banco de Valencia, intervenido en noviembre de 2011 por el fondo público Frob, hasta que el juicio ha quedado visto para sentencia, el pasado día 2, y en el cierre de la vista la gran sorpresa ha procedido de la fiscalía, que ha reducido la petición de penas para los dos principales responsables del hundimiento de la entidad en su día controlada por Bancaja: el presidente, José Luis Olivas, y el consejero delegado, Domingo Parra, según Diego Muñoz Cobo, abogado de Apabankval, la asociación de pequeños accionistas de la entidad que inició las acciones judiciales.

Olivas

Para el también expresidente de la Generalitat entre 2002 y 2003, un año antes de hacerse con la máxima responsabilidad en el grupo Bancaja y su filial el Banco de Valencia, el fiscal pide una pena de dos años y un día y multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros, que se traducirían en un total de 30.000 euros. Inicialmente, solicitaba para Olivas tres años y nueve meses de prisión, la misma cantidad de tiempo que para Parra, para quien la rebaja de condena es menor: dos años, seis meses y un día de cárcel y multa de doce meses con una cuota diaria de 100 euros (36.000 euros).

El representante del ministerio público retiró las acusaciones contra los restantes miembros del consejo de administración del Banco de Valencia, para quienes en un principio pedía entre un año y seis meses y tres años de cárcel. Quien no se ha salvado es el auditor de la entidad financiera, Miguel Monferrer, para el que inicialmente solicitaba un año y medio de prisión, pero para el que, al final, ha elevado la petición de condena a dos años y un día y multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros, es decir lo mismo que a Olivas.

Diego Muñóz Cobo ha asegurado hoy a este diario que, a diferencia de la fiscalía, la acusación particular mantiene sus peticiones de condena, es decir tres años y nueve meses de prisión para Olivas y Parra, y entre dos años y medio y tres años para los otros once consejeros por falsedad documental, es decir por el presunto falseamiento de las cuentas del banco en 2009 y 2010. Apabankval siempre ha sostenido que dichos estados contables no reflejaban la imagen fiel del banco. La gestión de todos ellos, según la citada asociación, fue determinante para que el banco se hundiera, fuera intervenido por el Estado, vendido por un euro a CaixaBank y los pequeños accionistas perdieran su inversión.