La nueva empresa pública de vivienda del Gobierno nace con 116 inmuebles de la Comunitat Valenciana

La nueva empresa pública de vivienda del Gobierno nacerá con más de 5.000 viviendas, de las que 116 serán de la Comunitat Valenciana. Sepes comprará las viviendas propiedad del Invied, Adif y Siepse, además de asumir la gestión de las de Muface y Patrimonio Nacional. La entidad estatal de suelo Sepes, la compañía dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana escogida para ser el origen de la nueva empresa pública del Gobierno, selló su constitución el pasado lunes y según los cálculos realizados por El Periódico de España y activos, el vertical económico de Prensa Ibérica, el conjunto de todas estas compañías públicas, a pesar de que no ofrecen un listado público, suman un total de 6.128 inmuebles, aunque no todos son viviendas (sí la mayoría de los contabilizados), ni pasarán a ser propiedad de Sepes.

Recientemente, el Congreso ha instado al Gobierno a que la reciente empresa pública de vivienda aprobada en Consejo de Ministros aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible. De hecho, el sector inmobiliario considera que operación podría frenarse, aunque hay complejidades técnicas para este movimiento por el mandato legal que tiene el 'banco malo'. Sareb ha movilizado cerca de 10.000 viviendas de su parque para fines sociales. La compañía ya ha alcanzado la cifra de 8.000 alquileres sociales con acompañamiento aprobados en el segundo año de vida de este programa y mantiene otras casi 1.700 viviendas cedidas en convenio a administraciones públicas para este mismo fin.

Nueva empresa de Sepes

Los que correspondan a Invied, Adif y Siepse, primero, la entidad dependiente de Vivienda y Agenda Urbana deberá comprarlos a través del "procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas", mientras que las de Patrimonio Nacional y Muface deberá firmar convenios para asumir su gestión. El Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), según figura en sus cuentas, cuenta con un total de 9.389 viviendas en patrimonio. Sin embargo, 4.556 están calificadas como "no enajenables", al situarse localizadas dentro de bases, acuartelamientos, edificios o establecimientos militares. Los 4.833 inmuebles restantes sí podrán pasar a manos de Sepes, aunque primero deberá comprarlas. Estas se ubican en Madrid (1.609), Andalucía (842), Galicia (530), Murcia (515), Castilla y León (350), Canarias (206), Cataluña (167), Baleares (131), Aragón (116), Comunitat Valenciana (116), Extremadura (74), País Vasco (62), Castilla-La Mancha (50), Navarra (34), Asturias (19), La Rioja (11) y Cantabria (1).

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) es una de la que menos pistas da sobre los inmuebles de su propiedad. En sus cuentas anuales, las últimas disponibles son las del ejercicio 2020, revela que dispone de inmuebles residenciales en el Hospital Psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria de Siete Aguas, Centro Operativo de Zaragoza, en la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta y en los acuartelamientos de la Guardia Civil de Utrillas (Teruel), Cambados (Pontevedra), Fuentesaúco (Zamora), Santa Marta de Tormes (Salamanca), San Esteban de Gormaz (Soria), Chipiona (Cádiz), Arganda del Rey (Madrid) y Santiago de Compostela.

Alquileres sociales

Dos años después de la puesta en marcha del Programa de Alquiler Social de Sareb con Acompañamiento, los ingresos aportados por las viviendas que forman parte de su perímetro alcanzan los 20 millones de euros, lo que supone un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Unos ingresos que garantizan la sostenibilidad de una cartera regularizada y en la que se frena el deterioro de los activos que la componen. Por otra parte, en 2024, Sareb ha lanzado la licitación para el 'Proyecto Viena' que consiste en la construcción, en una primera fase, de 3.770 viviendas de alquiler aprecios asequibles con un modelo de colaboración público-privada en municipios en los que la compañía ha detectado que existe tensión en los precios de la vivienda.