La CNMC ultima su dictamen sobre la opa BBVA-Sabadell con la idea de aprobarlo en abril

La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA sobre el Sabadell a principios de mayo del año pasado está entrando en su fase decisiva. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima estos días su dictamen sobre la integración y tiene previsto aprobarlo a lo largo del presente mes de abril. Así será salvo cambio de planes de última hora que hoy por hoy se juzga improbable, si bien no imposible (en los últimos meses ya se han sobrepasado plazos que se consideraban previsibles). En un principio, la institución se había fijado como objetivo anunciar su dictamen la semana que viene. Pero aunque no está del todo descartado, el cierre de los últimos detalles del fallo apuntan a llevar la decisión a la segunda mitad del mes, después de la Semana Santa. Ese es el escenario central y solo en alguno alternativo se contempla entrar unos días en mayo. 

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Precisamente, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, afirmó este martes que "no creía" que la CNMC se fuera a pronunciar en abril y que "podría ser en mayo". El banquero, así, mostró aún su confianza en que el organismo haga un nuevo test de mercado de los compromisos que la institución ha negociado con el BBVA para resolver los problemas de competencia detectados en la operación. La entidad catalana viene defendiendo desde hace semanas que dicho examen no se debe realizar solo consultando a otros bancos (que saldrían beneficiados por la desaparición de un competidor), sino también a buena parte de las 79 asociaciones empresariales y sindicales que se han declarado hostiles a la opa por entender que reducirá el crédito a las pymes y el empleo, como Foment. "Es como preguntarle al zorro qué piensa si sueltan las gallinas", criticó Oliu en un acto de Pimec, otra de las patronales que rechazan la operación.

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La realización del test, que fuentes bancarias afirman que no se ha producido, podría implicar unas tres semanas más de trabajos: las partes consultadas tendrían diez días laborables para contestar (dos semanas naturales) y los técnicos de la CNMC necesitarían unos días para analizar los resultados. De ser así, el dictamen podría demorarse hasta finales de abril o, como mucho (teniendo en cuenta el puente del día de los trabajadores y el día de la Comunidad de Madrid), la primera semana de mayo (martes 6, en principio). Pero no más allá, salvo sorpresa: el escenario central es que el pronunciamiento de la CNMC se produzca en el mes en curso. Así, la sala de competencia de su consejo y la dirección de competencia del organismo están ya en conversaciones para pactar los detalles del dictamen.

Más de lo habitual

El proceso se está alargando más de lo que suele ser habitual debido a la complejidad de la operación y a sus connotaciones sociales y políticas. De hecho, la directora de competencia del organismo, Susana Campuzano, elevó al consejo el pasado otoño la propuesta de aprobar la operación en primera fase con los compromisos propuestos por el BBVA. La sala de competencia de dicho consejo, sin embargo, decidió seguir el criterio de su presidenta, Cani Fernández, y llevó el análisis a segunda fase para estudiar la integración en mayor profundidad y dar la posibilidad al Sabadell de personarse en el procedimiento y presentar alegaciones.

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Desde hace semanas se da por descontado -lo ha asumido públicamente hasta el Sabadell- que la CNMC aprobará la operación con unos compromisos (ofrecidos por el BBVA y aceptados por la institución tras la negociación que han mantenido) o condiciones (impuestas por esta última) mayores que los 14 propuestos en un principio por el banco de origen vasco, pero aceptables para el mismo. Como adelantó este diario en noviembre, el BBVA ha estado dispuesto en todo momento a ampliar sus compromisos, particularmente en las áreas en las que Competencia tuvo dudas sobre la eficacia de su propuesta inicial (el flujo y las condiciones del crédito a las pymes y los pagos físicos y online). Algunas fuentes apuntan a que el banco podría haber aceptado ampliar el periodo de vigencia de algunos de estos compromisos.

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El Sabadell ha presionado públicamente a la CNMC para tratar de que cambie su metodología de análisis e imponga a la operación condiciones más duras, como la venta de parte del negocio de pymes. Sin embargo, su presidenta ya advirtió en septiembre en el Congreso hasta en tres ocasiones de que su metodología para analizar fusiones bancarias "es muy clara", "está muy establecida" y es "ya la habitual". Consiste en el análisis código postal a código postal de todos los productos y servicios de las entidades y fue creada para analizar la fusión CaixaBank-Bankia, ya que antes el análisis se hacía a nivel del mercado nacional. Por ese cambio de ámbito la CNMC recibió algunas críticas en su día, pero el hecho de haberlo diseñado en 2020 entiende que le escuda ahora de suspicacias, por más que el Sabadell defienda que no es válida para solventar los problemas de competencia de la opa en el negocio de las pymes.

Gobierno, clave

Si se cumple ese escenario central de un dictamen con compromisos aceptables para el BBVA, el Gobierno -que ha mostrado su preocupación sobre la operación desde un principio- tendrá la opción de intervenir. La ley de defensa de la competencia de 2007 establece que tanto si la CNMC prohíbe la concentración (altamente improbable) como si le impone requisitos (lo más plausible), el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dispondrá de quince días laborables para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros. Este, a su vez, tendrá un mes para confirmar la decisión de la CNMC, aprobar la operación sin condiciones, o imponerle otras distintas mediante un acuerdo que "deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia". La norma, en este sentido, ofrece una "lista no exhaustiva de criterios concretos". Es decir, que le deja amplio margen de actuación.

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Algunos juristas interpretan que esa instancia estaba pensada originalmente para suavizar los posibles dictámenes de la CNMC, habida cuenta de que el Gobierno no puede pronunciarse sobre una operación aprobada sin condiciones por dicho organismo. La única vez que se ha usado, de hecho, fue por parte del Ejecutivo de Rajoy para rebajar las condiciones impuestas por Competencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta. A ello se ha aferrado públicamente Carlos Torres, presidente de BBVA. Sin embargo, la ley es lo suficientemente poco precisa en ese punto como para dejar espacio al Ejecutivo para actuar, ya que en ningún momento dice expresamente que no pueda endurecer el dictamen de la CNMC. 

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En consecuencia, todas las miradas están puestas en el Ejecutivo desde hace semanas. Los dos bancos se están afanando en darle argumentos para que se pronuncie en línea con sus intereses. El Sabadell está advirtiendo del "daño" que haría la integración a la economía española y catalana, en este último caso con la vista puesta en la influencia que pueda ejercer la Generalitat socialista sobre el Gobierno central. El BBVA, por su parte, defiende que la opa es una "apuesta" por el crédito empresarial, al tiempo que considera que sería impensable que el Ejecutivo le impusiera unas condiciones que le hicieran desistir de la opa por su impacto en la imagen de España ante los inversores internacionales. Cuerpo, de momento, receta públicamente "prudencia" y esperar al dictamen de la CNMC por "respeto institucional". Las espadas están cada vez más altas.

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