Trabajo se abre a retrasar la reducción de jornada a las pymes para sumar el apoyo de Junts

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ahora procede a enviar el texto al Congreso, donde le espera una endiablada tramitación. Especialmente después de que Junts anunciara un día antes que presentará una enmienda a la totalidad de la iniciativa. Sus votos son determinantes para que la norma prospere o no. Si el PP se opone a la norma, deberán ser los posconvergentes quienes voten a favor para que esta prospere.

Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que el margen para introducir cambios en la norma -que según su actual redactado debe entrar en vigor para todo el mundo a 1 de enero de 2026- es "absoluto". La líder de Sumar abre la puerta así a retrasar la aplicación de la reducción a ciertos sectores y a las pymes, tal como le vienen reclamando varias voces empresariales y a lo que hasta ahora se había negado taxativamente.

Díaz ha preferido encarar a la formación de Alberto Núñez Feijóo y no a la de Carles Puigdemont, esquivando el cuerpo a cuerpo con los posconvergentes, si bien con ellos mantiene desde hace semanas negociaciones fuera de foco. "Me quiero dirigir directamente al PP. [...] ¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de jornada? ¿Quiere dañar a su país?", se ha preguntado, afeándole el voto contrario de la formación a la reforma laboral de 2021.

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"Hoy el Gobierno de España se dirige a 12 millones de trabajadores que van a ver mejorada su vida. [...] Ahora tiene que hablar la soberanía popular", les ha espetado a los grupos parlamentarios. La reducción de la jornada afectaría, según cálculos de Trabajo, a aproximadamente tres de cada cuatro asalariados en España y, según el texto remitido al Congreso, entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026 para todas las empresas, al margen de su magnitud.

Si bien en este punto podría haber cambios, a los que ya se había abierto el propio PSOE y ahora se pliega Sumar, para retrasar la entrada en vigor para las pymes, en aras de convencer a los grupos parlamentarios reacios. "Nuestro objetivo es reducir la jornada a esos 12 millones de trabajadores, el resto todo, el margen de negociación es absoluto", ha avanzado Díaz.

La norma remitida al Congreso incluye también cambios en la normativa que regula el registro de jornada, para hacerlo más restrictivo y garantista. Se acabó el fichar a papel y boli y todas las empresas deberán registrar de manera digital las horas que faenan sus empleados, para así que la Inspección de Trabajo pueda acceder en remoto a los archivos de fichajes y verificar que no se perpetran fraudes. La norma también multiplicará las multas a las empresas incumplidoras.

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Por este y otros motivos la gran patronal CEOE se ha opuesto a la norma. Tras 11 meses de negociación en el seno del díálogo social, Díaz únicamente pudo pactar la reducción con los sindicatos y ahora los empresarios han prometido redoblar sus presiones para que formaciones como el PP o Junts voten en contra. Y es que este proyecto de ley, por el momento, está alineando a los partidos en el más puro eje izquierda-derecha, más allá de sus afinidades nacionales. "Esta norma tiene poderosos adversarios", ha espetado Díaz.

Conexión Waterloo

La gran patronal CEOE, pero también las patronales territoriales han desplegado sus fuerzas para tratar de frenar la norma. Si bien desde el Gobierno señalan públicamente al PP, la partida se juega en el campo de Junts. La 'Casa de la República' de Waterloo se ha convertido en un punto de peregrinación de los empresarios catalanes, que han ido pasando por el despacho de Puigdemont para reclamarle que se oponga a la norma.

Por el momento, el líder de Junts les ha ido prometiendo su 'no', si bien entre aquellos que han pasado por Waterloo persiste la desconfianza de que los posconvergentes acaben entrando a negociar con el Gobierno para apoyar la norma. La coalición, especialmente la parte de Sumar, se juega mucho con la reducción de jornada y de fracasar promete sacudir toda la legislatura.

"Las formaciones políticas deciden ellas solas y me consta que por Junts y el PP no deciden los empresarios", ha manifestado la vicepresidenta segunda. "Hay margen para la negociación. [...] Nadie se atreve a decir abiertamente que está en contra y eso es porque esta norma está ganada en la calle", ha insistido.