El Gobierno reconocerá la representatividad de la entidad a la que pertenece la Unió Llauradora

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha el procedimiento para determinar la nueva representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, conforme a lo establecido en la modificación de la normativa sobre esta materia y que publicó recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con este procedimiento, la administración central en manos de Luis Planas quiere definir el peso de las organizaciones agrarias y dará paso, después de más de una década, a que se reconozca a Unión de Uniones, a la que pertenece la valenciana Unió Llauradora i Ramadera, liderada por Carles Peris.

La norma recuerda que las organizaciones de productores de carácter estatal forman parte del consejo agrario del citado ministerio y desarrollan funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Administración General del Estado y otras entidades u organismos. Hasta ahora, las entidades agrarias que forman parte de este consejo son Asaja, COAG y UPA. Unión de Uniones, que surgió tras la ruptura de la Coag hace dos décadas, cuenta con implantación en una decena de territorios en España, tiene amplia presencia en autonomías como la Comunitat Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Para conseguir el reconocimiento del Gobierno se requerirá que la organización alcance al menos una cifra equivalente al menos al 10 % del total de afiliados nacionales en el sistema Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y del propio Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).

Requisitos

Solo pueden concurrir al nuevo procedimiento del Ministerio de Agricultura aquellas entidades que, a fecha de 31 de diciembre de 2024, cumplan con los siguientes requisitos. El primero es estar legalmente constituidas y registradas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y estatal, conforme a la Ley 19/1977, y con al menos un año de antigüedad. En segundo lugar, contemplar en sus estatutos fines generales vinculados a la defensa de la agricultura, ganadería y silvicultura, y actuar en el ámbito estatal. Además, deberán tener implantación y actividad efectiva en al menos siete comunidades autónomas. En caso de tratarse de federaciones o agrupaciones de organizaciones territoriales, deberán demostrar documentalmente su integración jurídica al menos con seis meses de antelación a la solicitud.

El secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, sostiene que si finalmente el Ministerio de Agricultura, certifica la representatividad de Unión de Uniones, tal como todo parece indicar, se aceptará una "reivindicación histórica, justa y que compense a una entidad que ha estado apartada de organismos institucionales". El reconocimiento "debe servir para incrementar el presupuesto destinado por el Gobierno central a las organizaciones agrarias", destaca Peris.

Otras entidades

La decisión del Gobierno central de reconocer la representatividad de los agentes sociales también se produce en otros ámbitos económicos. Así, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas Pimec ha dado recientemente el salto al diálogo social español al entrar en la comisión consultiva de convenios colectivos. El Ministerio de Trabajo concede representación a la patronal catalana presidida por Antoni Cañete en este órgano consultivo