El Consell rechaza por sistema el derecho de tanteo de compra de vivienda social

El Consell rechaza por sistema el derecho de tanteo y retracto para aumentar su parque de vivienda social con pisos por debajo del precio de mercado, según advierten las inmobiliarias.Esa falta de interés por incrementar el parque de vivienda pública destinado a familias con rentas bajas favorece operaciones como las de la sociedad de inversión Ktesios  que ha reservado en València 134 pisos por 67.000 euros cada uno para explotarlos en alquiler o la del grupo ruso que ha comprado un paquete de viviendas en València desde 23.350 euros tras renunciar la Generalitat a ejercer el derecho de tanteo para destinarlas a alquiler social. 

La Generalitat del Botànic aprobó en junio de 2020 un decreto para favorecer la vivienda pública frente a fondos buitres. La norma amplió los supuestos para la compra de viviendas mediante la figura del derecho de tanteo y retracto con el objetivo de permitir a la Generalitat y los ayuntamientos valencianos adquirir casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago e intervenir en las grandes operaciones de ventas de edificios o paquetes de más de diez viviendas. Pese a la norma, el Consell está rechazando sistemáticamente ese derecho de tanteo.

Inversor ruso

Un ejemplo claro de esta situación es el paquete de nueve viviendas que compró el grupo inversor de origen ruso Georgy City Finance a la firma Promontoria Coliseum Real Estate (filial del fondo estadounidense Cerberus) por 575.460 euros. La firma de inversión Georgy City Finance (constituida en 2023 y con sede en València) cerró la adquisición de los pisos el pasado 31 de diciembre tras renunciar expresamente la Generalitat Valenciana a la compra, según recoge la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La Administración tenía derecho a adquirir las viviendas porque Cerberus las obtuvo de una cartera bancaria de pisos. La firma adquirió las viviendas por un precio de entre 23.400 euros (un piso en el barrio de la Fuensanta) y 99.000 euros (un inmueble situado en la calle Méndez Núñez, junto a la avenida de Francia). 

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, asegura que no tiene constancia de la ejecución del derecho de tanteo y retracto en el caso de viviendas individuales. "Hemos presentado los trámites y la Generalitat jamás lo ha ejecutado con indepedencia del precio. A mí me ha pasado con operaciones de venta de pisos de entre 25.000 y 35.000 euros en la provincia de Valencia en los que la Generalitat rechazó comprarlos para incrementar su parque de vivienda social. Eran viviendas que no estaban okupadas y que suponían una buena oportunidad para la Administración. Esto me ocurrió el año pasado", confiesa Díez.

La presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, confirma que la Administración no entra en este tipo de operaciones. "La Generalitat no ejerce el derecho de tanteo en las compras entre particulares. Ahora van a quitar esa reserva, que no era efectiva. El Consell lo que tiene que hacer es favorecer el acceso a la vivienda y que el sector promotor tenga más seguridad", subraya.

Adquisición de edificios

En el caso de la compra de edificios completos, las operaciones son testimoniales. El Consell liderado por Ximo Puig adquirió justo antes de la llegada de Mazón a la Generalitat un edificio de 124 viviendas en el barrio de Sociópolis de La Torre por 18,4 millones de euros. El Ayuntamiento de València cerró en julio de 2023 la compra de un edificio de 131 viviendas en el barrio de Safranar para destinarlo a alquiler asequible (y que fue el que se utilizó para realojar a las víctimas del incendio de Campanar). La Generalitat también evitó 76 desahucios en Sagunt con la compra de todo el edificio por casi 10 millones de euros en diciembre de 2022.

José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), explica que el parque de vivienda social de la Administación valenciana es de 18.775 y hay más de 55.000 familias a la espera de conseguir una. "Es necesario que la Administración utilice todas las vías posibles para incrementar el parque público", insiste.

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