Consumo ordena a Airbnb eliminar casi 66.000 anuncios "ilegales" de pisos turísticos

Nuevo capítulo en la cruzada del Gobierno por poner coto y control al mercado de la vivienda turística. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb eliminar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que considera ilegales. Así lo ha informado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado, en el que explica que el problema es que estas publicaciones vulnerarían la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos en varias comunidades autónomas, la mayoría, destinos vacacionales muy evidentes para extranjeros y autóctonos. Son anuncios en los que no se indicaría el número de licencia o registro, por ejemplo, o se ocultaría la naturaleza jurídica de los dueños de aquel piso.

De ahí que el ministerio haya remitido a la filial irlandesa de la compañía estadounidense, que es de la que depende el negocio en España, un total de tres resoluciones advirtiendo de la existencia de estos 65.935 "anuncios ilegales de viviendas turísticas" e instándola a "bloquear esta publicidad". Según el relato que llega desde el Gobierno, la empresa habría recurrido esta acción ante la Justicia para evitar tener que capar estas publicaciones, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado en su contra.

Lo ha hecho respecto a la primera de las tres resoluciones que ha emitido Consumo, una que tiene que ver solo con 5.800 de estos anuncios, es decir, menos de un 10% del total. Eso sí, el TSJ insta a Airbnb a retirarlos "de manera inmediata". Lo lógico es que vaya ocurriendo lo mismo con el resto. De ahí el comunicado público que ha hecho el ministerio al respecto.

Las infracciones

"Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas", contextualiza el documento. Empieza por el hecho de que los anuncios no incluyan el número de licencia o registro. "Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada", detallan desde este departamento. Hay, también, publicaciones que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, algo, dicen, "que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".

Además, se ha detectado también que muchos de estos nuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. "No indican si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no", se explayan, antes de enumerar las seis comunidades a las que corresponden los anuncios: Andalucía, Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, las Baleares y Euskadi.

Airbnb ha respondido que continuará recurriendo todas las decisiones que afecten a este caso. "El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística)", defiende un portavoz de la plataforma.

El precedente

No es, ni mucho menos, el primer movimiento del estilo que protagoniza el Gobierno y, concretamente, el departamento de Consumo, contra Airbnb. En diciembre del año pasado, anunciaron que habían abierto un expediente sancionador contra una gran plataforma (que resultó ser esta) porque tras varios avisos de que "miles" de sus anuncios no ofrecían el número de licencia y tenían que ser retirados por ello, las publicaciones seguían ahí. "Tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado", apuntaban entonces, cifrando la potencial multa en 100.000 euros o en hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido con ello.

La meta, recuerda Consumo en el comunicado de este lunes, es "acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como "favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores".