El Consell recurre el Registro Único de viviendas turísticas del Gobierno por "invadir" sus competencias

Nuevo choque entre la Generalitat y el Gobierno central, este vez por la vivienda turística (VUT). Según ha comunicado esta mañana la Conselleria de Turismo, el Consell ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno -aprobado por el Consejo de Ministros a finales del pasado año, pero que tiene que entrar en vigor el próximo 1 de julio- cuyo objetivo es regular el arrendamiento de estos alojamientos. En concreto, la medida del Ejecutivo pretende centralizar este control con un Registro Único de Arrendamiento y la creación de una 'ventanilla única', una decisión que desde el área que dirige Marián Cano consideran que "invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo".

“Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024”, destaca la consellera, que sigue así la postura adoptada ya por otros territorios gobernados por el PP como Andalucía o Murcia.

Perjuicio y falta de diálogo

Cano justifica además el recurso en el "perjuicio al sector turístico de la Comunitat Valenciana, que ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación”, asegurando que “es importantísimo controlar el alquiler turístico ilegal, pero desde una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real”. "Esta norma impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación”, considera la dirigente del Consell, que exige al Gobierno "una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico".

Del mismo modo, en su comunicado, la titular de Turismo acusa al Ejecutivo central de "actuar con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios” después de que en febrero su área presentara un requerimiento previo para "corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad".

Proteger el derecho a la vivienda

Sin embargo, para el Ejecutivo esta norma tiene como objetivo "equilibrar el desarrollo del mercado turístico con la necesidad de proteger el derecho constitucional de acceso a la vivienda" y considera que estas medidas "promueven una oferta más transparente y sostenible, al tiempo que se proporcionan a las administraciones públicas herramientas eficaces para la planificación urbanística y el control fiscal, reforzando la lucha contra la economía sumergida".