¿Cómo se clausura un piso turístico y qué multa se le impone?
La Administración valenciana refuerza la vigilancia sobre las viviendas vacacionales que operan de forma ilegal

Cartel contra los pisos turísticos en el centro de València. / Loyola Pérez de Villegas

La exclusión de 10.061 viviendas turísticas del Registro de Turismo por no cumplir la normativa es el primer paso para que la Administración pueda imponer sanciones y clausurar la actividad. Es imprescindible que un inmueble esté inscrito en el Registro de Turismo para poder estar en el mercado de vivienda vacacional. La Generalitat calcula que de las 101.200 viviendas inscritas en el Registro de Turismo a finales del año pasado, 34.000 incumplía alguno de los requisitos.
La Administración ha reforzado la vigilancia sobre los pisos turísticos. La Generalitat tiene un cuerpo de inspectores que controla la actividad de los pisos turísticos y ayuntamientos como el de València también realizan inspecciones. En el caso del 'Cap i Casal', en el último año se ha producido la clausura de más de 1.000 apartamentos ilegales. El cierre de apartamentos turísticos ilegales responde al “trabajo intenso” de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales.
Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.
Multas
El decreto ley de regulación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) aprobado el año pasado por el Consell, prevé multas de hasta 600.000 euros para los propietarios y plataformas comercializadoras que oferten pisos turísticos ilegales. El decreto incrementó la cuantía de las sanciones. Las de carácter leve se castigan con una multa máxima de hasta 10.000 euros, las graves hasta 100.000, y las muy graves hasta 600.000.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ordenó hace unos días a la conocida plataforma de alquileres vacacionales Airbnb eliminar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos que considera ilegales. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías en las que se han detectado estos anuncios ilegales junto con Andalucía, Madrid, Cataluña, Baleares y Euskadi.
Más de 10.000 pisos
En el caso de València, la medida puede tener un importante alcance ya que de los 10.400 pisos turísticos de distintas plataformas que aparecen en el buscador de Visit València, el 71 % son de Airbnb, esto es, 9.170. Lo que no quiere decir que todos estén incumpliendo la legalidad. Booking es la segunda plataforma con más apartamentos en oferta (2.632, el 20 %) y le siguen a más distancia Tripadvisor o Homeaway.
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