El sector agrario valenciano aplaude la paralización de Mercosur pero mantiene las protestas

El sector agrario valenciano mantiene la presión contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. A pesar de la paralización del pacto que ha aprobado una mayoría de diputados del Europarlamento al remitir dicho tratado al Tribunal Superior de Justicia de la UE, los agricultores valencianos mantienen las movilizaciones y actos de protesta para que se modifique este acuerdo sin perjudicar los intereses del sector primario valenciano. Así, la gran tractorada por las calles de la capital del Túria se mantienen para el próximo día 29 de enero.

Las organizaciones agrarias esperan que este paso contribuya a detener un proceso de ratificación que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones -sobre todo de cítricos, arroz, ganadería y apicultura en la Comunitat Valenciana- y hace un llamamiento al Gobierno de España para que defienda de forma clara al sector agrario y ganadero, garantizando el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas. Las organizaciones agrarias valencianas destacan el resultado tan ajustado que se ha tenido en la votación, con 334 votos a favor y 324 votos en contra y 11 abstenciones y señala que estará al tanto de lo que han votado los europarlamentarios, especialmente los españoles y valencianos, cuando se haga público.

Movilizaciones

Asaja, COAG y UPA mantienen la convocatoria conjunta de más movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, que tendrán el 29 de enero como ‘superjueves’, para seguir metiendo presión a los representantes políticos. Así, AVA-Asaja participará en una gran manifestación en Valencia el próximo jueves 29 de enero, a la que están invitados tanto productores como consumidores y entidades de la sociedad civil.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, atribuye el resultado de la votación del Parlamento Europeo, que da un varapalo a la Comisión Europea, a la presión ejercida desde el sector agrario europeo en Estrasburgo (una de las sedes del Europarlamento), incluido el de España y especialmente, desde su organización agraria. En su opinión, es necesario que toda Europa siga unida para que el citado acuerdo comercial "se adapte al principio de reciprocidad y al respecto al sector agrario europeo" respetando las mismas normas fitosanitarias y laborales, entre otras.

Satisfacción de la Unió

La Unió Llauradora i Ramadera considera un primer éxito muy relevante que el Parlamento Europeo haya remitido el acuerdo de la UE con Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo y que por tanto paralice temporalmente el pacto comercial firmado el pasado sábado.

La organización había pedido, a través de una carta formal dirigida a los europarlamentarios españoles y valencianos, que votaran este miércoles a favor de la remisión del acuerdo UE–Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como así ha sucedido. La Unió agradece el sentido del voto y se muestra satisfecha del trabajo de seguimiento y presión realizado en Europa. Tanto a través de ella, como de su organización estatal Unión de Uniones, se ha estado en contacto con los europarlamentarios trasladándoles en todo momento la realidad y el sentir de los agricultores y ganaderos europeos, españoles y valencianos. "Seguiremos luchando y la presión de nuestros agricultores y ganaderos ahora es aún más importante. Ni qué decir tiene que mantenemos todo nuestro calendario de manifestaciones y concentraciones, como la tractorada del próximo 11 de febrero en Madrid", señala Carles Peris, secretario general de la Unió.

El Parlamento Europeo no podrá votar sobre el acuerdo hasta que el Tribunal haya emitido su opinión, un proceso que normalmente tarda entre 18 y 24 meses. La Comisión Europea todavía puede proponer en los Estados, la aplicación provisional del acuerdo comercial, circunstancia que por ahora no se ha debatido, ni acordado, ya que solo se autorizó la firma. Lo que queda ya claro es que no se podrá votar en el Parlamento Europeo la aprobación o no del tratado de Mercosur, mientras no haya una opinión del Tribunal de Justicia de la UE, y eso se podría atrasar entre 18 y 24 meses.

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