Inmobiliario
Una de cada cuatro viviendas turísticas ha cerrado en la C. Valenciana en el último año
La presión de la Administración saca del mercado más de 18.000 pisos turísticos

Carteles contra los pisos turísticos colgados en un balcón de Ciutat Vella. / Loyola Pérez de Villegas

Una de cada cuatro viviendas turísticas ha cerrado en la Comunitat Valenciana en el último año. La presión de la Administración sacó durante 2025 del mercado más de 18.000 viviendas de uso turístico. El número de plazas en pisos vacacionales pasó de 333.134 a 242.426, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los analistas del INE precisan que en Valencia la cifra de viviendas turísticas entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 cayó de 16.293 viviendas a 12.538. La mayoría de estos pisos vacacionales está en el Cap i Casal. De hecho, en la ciudad de València casi el 3 % de los pisos se dedica al alquiler turístico (cifra que se dispara en Ciutat Vella).
La Generalitat, a través de la Dirección General de Turismo de la Comunitat Valenciana, dio de baja en 2025 a un total de 18.304 viviendas de uso turístico (VUT) inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana durante el año 2025, al no cumplir con los requisitos de la nueva normativa como la falta de referencia catastral o NIF, entre otros. Al carecer de número de registro, ya no se pueden anunciar en plataformas como Airbnb o Booking. El Gobierno también obligó a retirar otros 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana.
Requisitos
Se trata de viviendas que no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, el decreto Ley 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, aprobado en agosto de 2024.
Además, la Dirección General de Turismo actualmente está trabajando en dos fases adicionales de depuración del Registro que afectan en su totalidad a cerca de 14.500 viviendas más. En concreto, la primera de ellas repercutirá a 11.029 viviendas turísticas, en las que se revisará la validez de los informes de compatibilidad urbanística para uso turístico (ICUS); y la segunda fase prevista incidirá en otras 3.394 viviendas, en las que se depurarán las referencias catastrales duplicadas.

Grafiti contra los pisos turísticos. / Loyola Pérez de Villegas
Plataformas digitales
Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a plataformas online como Booking o Airbnb la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos. España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.
Por municipios, la ciudad de València se sitúa en la quinta posición en solicitudes revocadas, solo superada por Madrid, Barcelona, Marbella y Sevilla. Del Cap i Casal se han obligado a retirar un total de 1.874 anuncios de apartamentos, lejos aún de Madrid o Barcelona, donde se mantienen abiertos más de 5.000 pisos turísticos o de temporada con actividad ilegal.
De la Comunitat Valenciana, las localidades con más apartamentos sin aval del Ministerio son el Cap i Casal (1.874 viviendas turísticas y de temporada), Torrevieja (1.240) y Calp (725).
Aumento del control
El control a los pisos turísticos se produce en un momento en el que hay una gran carestía de vivienda. La Comunitat Valenciana ha perdido en el último año casi 5.000 pisos de alquiler, lo que ha agravado el desequilibrio entre la oferta y la demanda. El encarecimiento de la compraventa ha empujado a miles de familias y jóvenes al arrendamiento, y ha saturado el mercado. La situación se ha complicado por el aumento de población por la llegada de trabajadores inmigrantes y la presión del turismo con los pisos vacacionales. La consecuencia, según destaca un análisis del Observatorio del Alquiler, es que el arrendamiento medio de un piso en la Comunitat Valenciana ha roto la barrera psicológica de los 1.000 euros.
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