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DECRETO ANTICRISIS

Patronal y sindicatos valencianos piden reforzar el apoyo a empresas y trabajadores

La CEV considera "necesario que el conjunto de medidas dirigidas a las compañías alcance un nivel de intensidad similar"

UGT y CC OO-PV reclaman planes complementarios y ayudas a la vivienda

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente. / JM López

València

Los empresarios valencianos han valorado este viernes el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos y energéticos derivados de la crisis de Irán. Desde la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han señalado que "a falta de conocer el contenido exacto del primer Real Decreto Ley presentado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Próximo, la CEV valora la puesta en marcha de un escudo social dirigido a proteger a las personas, del mismo modo que considera necesario que el conjunto de medidas dirigidas a las empresas alcance un nivel de intensidad similar, especialmente en un contexto de fuerte incremento de costes y elevada incertidumbre económica".

En este sentido, la CEV destaca que las medidas orientadas a reducir la fiscalidad energética —como la rebaja del IVA de los combustibles, la electricidad y el gas, la reducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica— "van en la dirección adecuada y responden a una de las principales preocupaciones del tejido empresarial valenciano".

"El incremento de los costes energéticos está teniendo un impacto directo en las cuentas de resultados de las empresas, reduciendo sus márgenes y afectando especialmente a sectores intensivos en energía como la industria, el transporte, la construcción o el sector agrario. En este contexto, la reducción de la fiscalidad sobre los hidrocarburos resulta una medida clave para aliviar la presión sobre la actividad empresarial", han lamentado desde la confederación.

Asimismo, la CEV ha apuntado que "muchas empresas están afrontando simultáneamente el encarecimiento de la energía, de las materias primas y de los costes logísticos, lo que está generando tensiones crecientes en su liquidez. Por ello, considera necesario que entre las medidas a adoptar se incluyan instrumentos de apoyo financiero, como líneas de financiación específicas o avales públicos, dirigidos a las empresas que puedan verse en dificultades".

Flexibilidad

A falta de que se publique el Real Decreto y en relación con los condicionantes asociados a determinadas medidas, "la CEV subraya la necesidad de garantizar que los instrumentos de apoyo puedan ser utilizados de forma efectiva por el conjunto del tejido empresarial, preservando la flexibilidad necesaria en un contexto económico cambiante", han añadido .

"En el caso de que la situación se prolongue, se aboga por impulsar la aprobación de un Marco de Ayudas de Estado armonizado a nivel europeo, que permita establecer con agilidad apoyos dirigidos a los sectores intensivos en energía, garantizando su adecuada articulación con el régimen de ayudas de minimis y evitando solapamientos o incompatibilidades con este", han continuado desde CEV.

En conjunto, han señalado, la CEV "considera que el paquete aprobado constituye un paso en la dirección adecuada, pero insiste en la conveniencia de seguir trabajando, en colaboración con las administraciones, para que las medidas lleguen con rapidez y se refuercen con nuevas actuaciones que permitan sostener la actividad, la inversión y la competitividad de las empresas".

Tino Calero (UGT-PV y Ana García (CC OO-PV), en una imagen de archivo.

Tino Calero (UGT-PV y Ana García (CC OO-PV), en una imagen de archivo. / Rober Solsona - Europa Press

Sindicatos

UGT y CC OO han coincidido en valorar positivamente el paquete de decretos aprobado por el Gobierno y han apelado a la Generalitat Valenciana a completar las ayudas con medidas autonómicas. Tino Calero, secretario general de UGT PV, ha destacado que son medidas que buscan hacer frente al primer golpe de la crisis energética provocada por la guerra. "Es un primer paquete, pero hay que estar atentos a cómo evoluciona la situación", ha apuntado. Calero ha insistido en que es necesario que la Generalitat apruebe "medidas complementarias dentro de sus competencias como medidas en materia de vivienda", ha apuntado.

CC OO ha echado en falta "una mayor contundencia para paliar los efectos de la crisis, ya que la guerra de Ucrania demostró que medidas como la reducción del IVA no siempre benefician al consumidor final. Por ese motivo, resulta fundamental topar los precios y ejercer un control estricto sobre los márgenes empresariales, asegurando que cualquier incentivo fiscal cumpla su objetivo social y no acabe engrosando los beneficios de las grandes compañías mediante prácticas abusivas de fijación de precios".

Consumidores

La asociación valenciana de consumidores Avacu ha solicitado al Gobierno que supervise de manera rigurosa la aplicación efectiva de la rebaja fiscal. "Es imprescindible verificar que la reducción se traslada íntegramente al precio final. Los consumidores deben beneficiarse íntegramente de la medida".

AVA y Unió: El Gobierno "no está a la altura de la situación"

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, reivindica al Gobierno el establecimiento de medidas fiscales y ayudas directas a los agricultores y ganaderos para compensar la escalada de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y de los fertilizantes. Según estimaciones de la asociación, los sobrecostes económicos que está asumiendo el sector agrario ascienden a 4 millones de euros cada semana en la Comunitat Valenciana.

Aguado advierte que “los agricultores y ganaderos tenemos mucho que perder en el actual clima de tensión, con el foco en el estrecho de Ormuz. Las guerras son el enemigo número uno para nuestros productos agrarios, especialmente aquellos perecederos como las frutas y hortalizas. Esta vez, al situarse en una zona del planeta donde se concentra la producción y comercialización de numerosas materias primas, dispara aún más los precios de los fertilizantes, insecticidas, combustibles y otros insumos debido a las distorsiones comerciales que acaban afectando a nuestros bolsillos".

En parecidos términos, el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, sostiene que a falta de conocer el contenido exacto de las medidas, que se publicarán este sábado en el BOE, considera que "no están a la altura de la situación". "Pensamos por lo que concierne al sector productor que no se ha evaluado en su correcta medida la gravedad de la situación ni sus consecuencias. La organización -agrega- reclama una intervención mucho más intensa en medidas fiscales, legislativas y financieras, tanto de la Administración central, como de las autonómicas, para prevenir los daños al sector agrario, a la economía general y a los consumidores".

Y es que, los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, ya están sufriendo una subida de entre 150 y 280 euros por tonelada. Y en el caso del combustible, si un tractor grande de 200 caballos consumía unos 450-500 litros de gasóleo y eso costaba, a grosso modo, en torno a 400-500 euros, hoy vale 850-900 euros y subiendo”. Por ello, el dirigente agrario concluyó que “igual que el Gobierno interviene en el salario mínimo interprofesional, pues puede intervenir en los costes de producción para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente”.

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