Acuerdos comerciales sin reciprocidad

La política comercial de la Unión Europea atraviesa una fase de clara aceleración. Bruselas busca abrir mercados, diversificar proveedores y reforzar su posición geoestratégica en un contexto global convulso. Sin embargo, esta estrategia choca cada vez más con la realidad del campo valenciano que percibe estos acuerdos como una amenaza directa a su viabilidad.

La entrada en vigor provisional del acuerdo con Mercosur a partir del 1 de mayo, junto con la reciente firma del tratado con Australia, no son hechos aislados. Forman parte de una hoja de ruta que prioriza la liberalización comercial sin haber resuelto antes un problema estructural como es la falta de reciprocidad en las condiciones de producción. Mientras los agricultores y ganaderos europeos estamos sometidos a exigencias crecientes en materia medioambiental, bienestar animal y seguridad alimentaria, los productos importados no cumplen esos mismos estándares.

Este desequilibrio no es una cuestión teórica, sino que tiene consecuencias tangibles con la entrada de miles de toneladas de productos a los mercados europeos en competencia con los nuestros. En el caso del acuerdo con Australia, las cifras son elocuentes. La posible entrada de más de 30.000 toneladas de carne de vacuno —multiplicando por nueve las actuales— introduce una presión competitiva difícilmente asumible para nuestras explotaciones locales. A ello se suma el hecho de que en Australia se permite el uso de hormonas de crecimiento prohibidas en la UE desde hace décadas, lo que reduce costes y distorsiona el mercado.

El impacto es igualmente significativo en el ovino, donde la ampliación de cuotas permitirá la llegada masiva de carne procedente de miles de kilómetros. No se trata solo de precios, sino también de modelo productivo. El cordero valenciano, vinculado al territorio y a sistemas extensivos que contribuyen a la prevención de incendios y al mantenimiento del medio rural, compite con un producto importado que no internaliza estos costes ambientales ni sociales.

Todo ello se produce, además, en un contexto especialmente delicado, con incertidumbre sobre la futura PAC, incremento de los costes de producción y tensiones geopolíticas que afectan a los mercados de insumos como los fertilizantes, el gasóleo o los piensos, entre otras muchas cosas. La acumulación de acuerdos comerciales sin una evaluación integral de su impacto agrava la sensación de abandono entre los productores.

El problema de fondo no es el comercio internacional en sí, sino cómo se articula. La UE parece utilizar el sector agrario como moneda de cambio en negociaciones más amplias, sin establecer mecanismos efectivos de salvaguarda ni garantizar una competencia en igualdad de condiciones. La falta de transparencia y de diálogo real con los sectores afectados refuerza esta percepción.

Si Europa quiere un campo vivo, competitivo y sostenible, no puede seguir avanzando en acuerdos comerciales que ignoran estas asimetrías. La apertura de mercados debe ir acompañada de cláusulas espejo, controles efectivos y una evaluación rigurosa del impacto acumulado. De lo contrario, el coste no será solo económico, sino también territorial, social y ambiental.

• Carles Peris es secretari general de la Unió Llauradora i Ramadera