Con pies de barro

La agricultura valenciana vive instalada en una paradoja difícil de explicar a quien no la padece en primera persona. Somos una potencia agroalimentaria, un territorio que exporta calidad al mundo, con cifras que superan los 10.000 millones de euros anuales y supone más del 25% de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, detrás de ese músculo económico se esconde una realidad mucho más frágil: la de miles de agricultores que, campaña tras campaña, ven cómo sus márgenes se estrechan hasta niveles insostenibles. La contradicción de que el sector en términos macroeconómicos funcione tan bien pero no garantice la rentabilidad de quienes los sostienen es debido a el desequilibrio de la cadena de valor. El agricultor es el eslabón más débil: asume los riesgos climáticos y soporta el incremento constante de los costes de producción y, aun así, no tiene capacidad real para negociar precios.

El resultado es un modelo profundamente injusto que genera riqueza, pero no la reparte de forma equitativa. Mientras el producto valenciano conquista mercados internacionales, muchos productores trabajan a pérdidas o sobreviven gracias a ayudas públicas que, siendo necesarias, no dejan de ser un parche, como las últimas ayudas aprobadas por el conseller Barrachina para la huerta. Esta situación no es solo un problema económico, sino también territorial y social. Sin rentabilidad, no hay relevo generacional. Sin agricultores, no hay paisaje, ni gestión del territorio, ni soberanía alimentaria.

Para la Generalitat sigue pasando el tiempo, pero seguimos sin vislumbrar cuál es su proyecto para el sector agrario y ganadero valenciano.

El Ministerio de Agricultura debe dar un paso firme en la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. No puede ser que se siga vendiendo por debajo de costes. Es urgente intensificar los controles, endurecer las sanciones y garantizar que el agricultor perciba un precio justo por su producción. Un claro ejemplo de que algo falla es el hundimiento de precios de la leche promovido por la industria láctea. La AICA debe tomar medidas urgentemente. El campo valenciano no pide privilegios. Pide algo mucho más básico: poder vivir dignamente de su trabajo. Porque si el sistema funciona, pero deja atrás a quienes lo hacen posible, entonces no es un buen sistema. Y eso, sencillamente, no es aceptable.

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