El Gobierno excluye a las eléctricas del impuesto a las energéticas propuesto a la Comisión Europea

España y otros cuatro países pidieron a principios de abril a la Comisión Europea crear un nuevo tributo sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para mitigar el impacto de la subida de los precios de la energía tras el conflicto en Oriente Medio. Y aunque no ha trascendido la fórmula planteada, el Gobierno español sugiere excluir a las eléctricas del gravamen propuesto, según ha revelado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura de la cumbre anual de la patronal eólica europea WindEurope, que se celebra esta semana en Madrid.

"Al igual que hicimos tras la invasión ilegal de Ucrania, este esfuerzo de solidaridad nos concierne a todos: a los Estados, sí, pero también a las empresas. Por eso hemos pedido a la Comisión Europea que cree un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. En tiempos difíciles, confío en que estarán a la altura del desafío. Así podremos apoyar a los consumidores en esta coyuntura tan compleja y difícil", afirmó el presidente del gobierno español delante del comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

La patronal eólica española, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que preside Rocio Sicre, la responsable de EDP España, fue una de las primeras en sentirse aludida tras conocer la iniciativa impulsada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal. Y apenas dos días después del anuncio advirtió en un comunicado que poner nuevos impuestos sobre el sector eléctrico "crea inseguridad jurídica y ahuyenta a los inversores, justo en el momento en el que más necesario es apostar por tecnologías como la eólica, como sustitutiva de la energía fósil importada".

En la misiva, publicada por Cuerpo en Twitter, los cuatro países planteaban recuperar un "instrumento similar" al introducido en 2022 por el Ejecutivo comunitario y que gravaba los 'beneficios caídos del cielo' de las empresas energéticas. Pero sin aclarar quiénes serían los sujetos afectados, más allá de citar explícitamente a las empresas petroleras al pedir incluir en el gravamen aquellos beneficios obtenidos por estas compañías en el extranjero.

Hace cuatro años, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, la Comisión Europea impulsó lo que se denominó entonces como una "contribución solidaria" que gravaba los beneficios extraordinarios de las empresas del sector del petróleo, gas, carbón y refino, pero dejaba la puerta a que cada país decidiera la figura legal que utilizaría para alcanzar dicho fin, dado que la competencia para crear impuestos es soberana de cada nación.

España, que entonces no esperó a tener una propuesta de conjunto y se adelantó a Bruselas creando su propia tributo, ideó una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" que gravaba con un 1,2% los ingresos de todas las energéticas que tuvieran una facturación superior a los 1.000 millones de euros, lo que incluía a todas las empresas del sector: petroleras, gasistas y también eléctricas.

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