Bruselas ultima el 'ok' definitivo a España para lanzar un nuevo sistema 'antiapagones' con ayudas millonarias a las eléctricas

España podrá poner en marcha un nuevo mecanismo para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y reducir el riesgo de grandes apagones. La Comisión Europea, tras más de un año de peticiones de información extra y de intercambio de documentación, ultima la autorización definitiva para que el Gobierno pueda activar el nuevo sistema de protección, que conllevará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que se ofrezcan a realizar inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario.

El Gobierno ya puso en marcha el diseño y la tramitación de los denominados mercados de capacidad mucho antes del gran apagón del 28 de abril. Se había marcado como objetivo activar el nuevo mecanismo el año pasado, y ha ido adoptando medidas con carácter previo a la aprobación de la Comisión para agilizar su puesta en marcha. Pero los retrasos se habían ido acumulando. El ‘ok’ definitivo de Bruselas se hará efectivo en las próximas semanas, según confirman EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto del proceso.

A falta de los últimos procedimientos formales internos de la Comisión, el anuncio de la autorización se producirá este mismo mes. Teresa Ribera, vicepresidenta y responsable del área de Competencia de la Comisión Europea, no ha participado en este dossier por tratarse de una iniciativa emprendida cuando ella era aún vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica.

Subastas y ayudas

El nuevo sistema ‘antiapagones’ consistirá en la puesta en marcha de unos mercados de capacidad de energía firme que implicará el reparto de ayudas millonarias a las compañías energéticas que garanticen inyecciones de electricidad adicional cuando sea necesario para evitar desajustes entre oferta y demanda de energía. La cuantía de los pagos millonarios se determinará mediante un sistema de subastas y se cargará en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores.

El Gobierno abrió ya en diciembre de 2024 el proceso de audiencia pública sobre la orden ministerial que servirá para crear de estos mercados de capacidad. Un año y medio después la orden ministerial sigue sin aprobarse. El Ejecutivo ha intentado acortar plazos adelantando algunas reformas legales y pidiendo por anticipado el informe del Consejo de Estado, pero aún estaba a la espera del visto bueno definitivo de la Comisión Europea al diseño del sistema de ayudas que diversas fuentes anticipan ahora como inminente.

Tras el ‘ok’ de Bruselas, el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, aún tendrá que aprobar la esperada orden ministerial, abrir una consulta pública sobre las condiciones con que se desarrollará la subasta para recabar las propuestas del sector energético, y posteriormente convocar la puja, adjudicar las ayudas, y articular de manera efectiva el sistema para que esté plenamente activo. Las eléctricas que se beneficiarán de esa retribución dan por hecho que, incluso si la primera subasta se celebra este año, las ayudas no empezarán a recibirse formalmente hasta 2027.

El Gobierno de España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas plantas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente. La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico, además, ha tomado aún más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España el pasado abril.

Centrales de gas, las principales candidatas

El mecanismo en ciernes apuesta por crear un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico.

Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas son las centrales de gas y las compañías que las controlan aspiran a recibir cerca de 800 millones de euros para estar disponibles siempre que lo necesite el sistema eléctrico, para cubrir los costes explotación crecientes que soportan y garantizarse una rentabilidad cada vez más complicada por el escaso número de horas que producen electricidad. El Ejecutivo ha accedido a una de las grandes peticiones de las energéticas, y permitirá cerrar o hibernar centrales que se queden fuera del sistema de ayudas.

La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año). El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar -el mínimo posible- a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.

La participación en la subasta tiene condiciones. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).

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