El veto del Gobierno al paso de los mutualistas a la Seguridad Social deja a 5.000 valencianos con pensiones de 500 euros

El Gobierno central ha vetado la posibilidad de convertir aportaciones a una mutualidad en cotizaciones a la Seguridad Social a los mutualistas que ya tienen el periodo mínimo cotizado (15 años) en el sistema público para acceder a una pensión contributiva, una mejora reclamada por este coletivo de profesionales -sobre todo abogados- y que contó con el respaldo del PP en una enmienda que el Ejecutivo ha dejado fuera del debate de la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados, celebrado este pasado martes.

Se trata una de las reformas más esperadas por miles de autónomos -que ha provocado manifestaciones en toda España- que durante años han estado cotizando a través de un régimen de mutualidad alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), que en muchos casos ha provocado que perciban pensiones de escasa cuantía que rondan los 500 euros. La nueva ley no permitirá mejorar la cuantía de la pensión a 47.000 profesionales de toda España (algo más de 5.000 de la Comunitat Valenciana) que cumplen con los requisitos para solicitar una pensión contributiva

Alrededor de 150.000 personas de toda España, especialmente abogados, procuradores, arquitectos y médicos, cotizan actualmente a través de la Mutualidad de la Abogacía, la Mutualidad de los Procuradores y la Hermandad Nacional de Arquitectos, entre otras. De esa forma, no aportan al RETA de la Seguridad Social, que establece en general cuotas más altas. En la mayoría de los casos, las pensiones que estaban abocados a percibir al jubilarse no llegaban ni a los citados 500 euros al mes.

Mejorar las pensiones

La llamada 'pasarela' al RETA es un mecanismo legal que permite a estos trabajadores trasladar el dinero acumulado en su mutualidad a la Tesorería General de la Seguridad Social. Así, los años cotizados podrían contar a efectos de jubilación dentro del RETA, el régimen en el que los trabajadores por cuenta propia se dan de alta y que está integrado a su vez en el Régimen General. Eso permite que las aportaciones se reconviertan en cotizaciones al sistema público de autonómos, lo que mejoraría sus expectativas de pensión.

El Ejecutivo central, según fuentes de la Seguridad Social, ha apelado al artículo 134.6 de la Constitución Española que permite bloquear iniciativas parlamentarias que impliquen un aumento del gasto o una reducción de los ingresos públicos. En concreto, el Gobierno cifra en 5.204 millones de euros el impacto que supondría la ampliación de la pasarela al RETA.

Abogados y procuradores valencianos -al igual que de otros territorio de España- han organizado manifestaciones a lo largo de estos dos últimos años por el proceso de reforma legislativa destinado a definir el futuro de miles de profesionales mutualistas convocados por el 'Movimiento #J2 Abogacía y Procura'. Han estado exigiendo que se aprobara una 'Pasarela al RETA' que sea "justa, completa y sin exclusiones"; situación que finalmento no se ha producido.

Derecho a pensiones mínimas

Según fuentes del Gobierno, el propósito de la proposición de Ley del partido socialista ha sido proporcionar una pasarela a quienes no tuvieran cotizado el periodo mínimo que da derecho a la pensión contributiva, pero nunca estuvo entre sus objetivos que quienes ya cumplían ese requisito pudieran usar la pasarela para mejorar su periodo de cotización en el sistema público. Esta, sin embargo, ha sido una reclamación de los mutualistas que el PP recogió en una de sus enmiendas que ahora ha sido vetada.

La pasarela, según informa Efe, queda abierta a todos los mutualistas, independientemente de cuándo se hayan colegiado -antes limitaba el acceso a aquellos que lo hicieron antes de 2013-, al tiempo que se elimina la exigencia de que lo estuvieran a 31 de diciembre de 2022. Sólo es necesario que carezcan del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social y que no sean pensionistas de ningún régimen público ni mutualidad, salvo que sean perceptores de una pensión de viudedad. También se recoge que las cotizaciones mínimas al RETA de los mutualistas pasarán de manera progresiva del 86 % de la base mínima en 2026, al 93 % en 2027, para terminar con el 100 % en 2028.

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