¿Quién vigila el fraude alimentario?

Hay preguntas que siguen sin respuesta. Una de ellas es sencilla: ¿quién vigila realmente el fraude alimentario en la Comunitat Valenciana?

Desde La Unió llevamos años denunciando el engaño que existe con el origen de determinados alimentos y, de forma muy especial, con el arroz. Mientras tanto, continúan entrando miles de toneladas de arroz importado a través del puerto de Valencia con destino a grandes empresas arroceras instaladas en nuestro territorio.

El problema es qué ocurre después y qué información recibe el consumidor cuando compra un producto. Hemos detectado envases en los que no figura el país de origen del arroz. Otros en los que aparecen referencias visuales inequívocas a la Comunitat Valenciana: barracas, falleras, paisajes o menciones al envasado en nuestro territorio. Todo ello contribuye a transmitir una imagen muy concreta al consumidor, que puede interpretar perfectamente que está comprando arroz valenciano cuando no existe ninguna garantía de que realmente lo sea.

Esta misma semana, durante una reunión mantenida en Sueca con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, se volvió a poner sobre la mesa una cuestión que La Unió viene reclamando desde hace tiempo: la necesidad de perseguir y sancionar cualquier práctica que induzca a error sobre el origen de los alimentos.

Por supuesto, es necesario que la Unión Europea incorpore el arroz a la lista de productos para los que el origen debe figurar obligatoriamente en el etiquetado. Lo hemos defendido siempre y seguiremos haciéndolo. Pero tampoco conviene utilizar la ausencia de esa obligación específica como excusa para no actuar.

La normativa europea 1169/2011 es clara. Establece que el origen debe indicarse cuando la información presente en el etiquetado, el envase o los elementos que acompañan al producto puedan inducir a error al consumidor sobre su procedencia real. Y precisamente ahí radica el problema. No hablamos únicamente de una omisión. Hablamos de una construcción comercial que, mediante imágenes, símbolos o referencias territoriales, puede generar una percepción equivocada sobre el origen del producto.

Por eso la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué está haciendo la Generalitat para controlar estas situaciones? Lo desconocemos. No obtenemos respuestas a nuestras solicitudes.Lo que sí sabemos es que una de las primeras decisiones del actual Consell fue eliminar la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario, un organismo que disponía de herramientas para actuar frente a prácticas fraudulentas en la cadena alimentaria. Y cuando no hay información, cuando no hay respuestas y cuando no hay resultados públicos, es lógico preguntarse si los controles se están realizando con la intensidad necesaria. Los agricultores cumplen normas cada vez más exigentes. Los consumidores tienen derecho a saber qué compran. Y las administraciones tienen la obligación de garantizar que las reglas se cumplen.

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