Santa Bárbara recurre los contratos de 7.200 millones de Defensa ante la Audiencia Nacional pero negocia con Indra

Santa Bárbara, propiedad de la filial europea de General Dynamics, ha recurrido ante la Audiencia Nacional la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Los contratos afectados corresponden a los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) Ruedas y Cadenas, incluidos en los Programas Especiales de Modernización (PEM), con un valor conjunto de 7.200 millones de euros.

Fuentes de la compañía explican que se trata de un “recurso procedimental”, al cumplirse este miércoles 17 de junio el plazo legal para impugnar las resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según estas mismas fuentes, el recurso “tenía que seguir su curso técnico”. La empresa podía haber desistido del procedimiento, iniciado en enero con un recurso ante el Ministerio de Defensa para agotar la vía administrativa. Sin embargo, ha optado por continuar el proceso y acudir a la justicia ordinaria.

En paralelo, Santa Bárbara mantiene conversaciones con Indra con el objetivo de “unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España”, según trasladan fuentes de la firma. “Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando”, señalan desde la compañía, tanto en relación con el procedimiento judicial como con los contactos abiertos con la multinacional presidida por Ángel Simón.

La firma también ha reiterado su disposición a cooperar con las empresas e instituciones del sector de la defensa en España para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios.

Robles defiende la adjudicación

El recurso ante la Audiencia Nacional llega después de que el Ministerio de Defensa desestimara en abril todas las pretensiones planteadas por Santa Bárbara. El departamento que dirige Margarita Robles sostuvo entonces que el procedimiento de contratación se había desarrollado “con pleno respeto a la legalidad vigente”.

Defensa también subrayó que, en el ámbito de la contratación vinculada a la Defensa Nacional, las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares.

En la misma resolución, el Ministerio denegó el acceso al expediente de contratación solicitado por Santa Bárbara al considerar que no concurrían los presupuestos legales que justificaran dicho acceso.

Con ello, Defensa confirmó la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las UTE de Indra y EM&E y mantuvo plenamente eficaces los actos administrativos impugnados. El Ministerio sostuvo además que la resolución reforzaba la seguridad jurídica del proceso y avalaba la actuación de la Administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional.

Santa Bárbara había interpuesto el recurso inicial el pasado 22 de enero contra las resoluciones que adjudicaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM para la adquisición de obuses autopropulsados de ruedas y cadenas. La compañía solicitó también la suspensión cautelar de las adjudicaciones mientras se resolvía el recurso, una medida que fue igualmente rechazada por Defensa.

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