Holanda y Francia

Asistimos desde hace tiempo a un relanzamiento del proceso de ratificación del Acuerdo de la UE con Mercosur. El tratado comercial que alcanzó la Comisión en 2019 tras décadas de sucesivas rondas y que muchos simplifican, no sin razón, como aquel de la ‘carne por los coches’, permaneció paralizado hasta la vuelta al poder de Lula da Silva en Brasil (octubre de 2022). Las enormes convulsiones en la cadena de suministro desatadas por la invasión de Ucrania así como la presidencia sueca del Consejo de la UE durante el presente semestre seguida de la española para el próximo, parecen empujar en favor de la confirmación del acuerdo. Son 15 los Estados miembro que caminan en esta línea pero otros tantos más, liderados por Francia, Holanda y Austria los que se alinean en posturas más bien contrarias.

El CGC se sitúa del lado de este último grupo. Nuestro rechazo a este acuerdo es claro: de ratificarlo e imponerse la liberalización de los intercambios de zumo de naranja, nuestra industria transformadora –esa que se encarga de dar salida a la fruta no apta para el fresco y que concede de facto al sector un precio ‘suelo’ para los cítricos- podría desaparecer.

Bruselas, apelando a razones geopolíticas de dudosa concreción, sigue jugando sus bazas. Para allanar las voces más críticas, quiere poner rápidamente en marcha la regulación sobre deforestación importada adoptada a finales de 2022 y propone un instrumento adicional (o una declaración ‘interpretativa’) que enumere las garantías medioambientales y sanitarias. El zumo de naranja no entra en esta ecuación: ni está (aunque debiera) entre los clasificados como que contribuyen a deforestar el Amazonas, ni entre los llamados productos ‘sensibles’, un concepto que aún sigue esperando mayor concreción. Es más, para eludir los posibles vetos de Estados miembro como los citados o los debates vinculantes en sus parlamentos, la Comisión pretende dividir el acuerdo en dos para aislar la parte ‘comercial’ y facilitar su ratificación. Papel mojado, diría yo, insuficiente para hacer valer los compromisos alcanzados por Brasil o Argentina en el Acuerdo de París o para mantener el Pacto Verde europeo, que recordemos prevé, en particular, una reducción del 20% en el uso de fertilizantes de aquí a 2030 y del 50% de los fitosanitarios para 2030. Son compromisos livianos, más aún cuando quieren aplicarse a agriculturas como la brasileña o la argentina, de las más intensivas del mundo en el uso de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en la UE.

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