Un momento crucial

Feria Valencia atraviesa un momento crucial porque confluyen varias circunstancias que van a determinar su futuro. La más acuciante es el aval que ha pedido a la Generalitat para que el BBVA le dé un crédito de tres millones que cubra sus acuciantes problemas de liquidez, desvelados el mes pasado cuando la institución no pudo hacer frente al pago del 100 % de las nóminas de sus casi 200 trabajadores. La crisis económica ha golpeado a Feria Valencia de forma tan inmisericorde como al resto del país. Nadie se ha librado. Pero la casi centenaria empresa padece además los embates de un modelo de negocio relativamente anquilosado y necesitado de una urgente puesta al día. Ambas cuestiones están imbricadas y los dirigentes patronales, que tomaron el control del comité ejecutivo de la institución a finales de 2011, impulsan ese cambio que, desde el lado ejecutivo, está diseñando el director general desde febrero de 2012, Enrique Soto, exsecretario general de la patronal provincial CEV.

La institución está negociando con la Generalitat el citado aval. Pese a unas primeras informaciones negativas al respecto „razonables en vista de la penuria que padece la administración autonómica„, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, afirmó la semana pasada que se tratará de hallar una solución. El factor clave, que estos días revisa ese departamento de la Generalitat con el equipo de Soto, es el plan de viabilidad, que debe garantizar la vuelta a los beneficios de la institución tras encadenar cuatro ejercicios con pérdidas: 2,5 millones en 2009, 9 en 2010, 7,6 en 2011 y 4,5 en 2012. La negociación es a contrarreloj, porque la institución precisa liquidez inmediata para pagar nóminas y a proveedores en julio. La Generalitat pretende garantizar que la ayuda financiera que preste no se vuelva contra su abultado déficit, así que va a imponer un plan de ajuste „probablemente, con nuevos despidos„ que permita a Feria Valencia entrar en una senda viable. La apuesta es de calado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Modelo de negocio

La crisis y el cambio de modelo de negocio son dos factores que influyen en la situación de Feria Valencia, pero hay una infinidad de responsabilidades políticas y de gestión que han contribuido a ubicarla cerca del abismo. No la menor de todas ellas es la absoluta falta de transparencia de la institución. Situada en un terreno de indefinición en cuanto a su naturaleza, la Feria, controlada por el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y la Cámara de Comercio, que son las entidades que componen y designan tanto el patronato como el comité ejecutivo, niega que sea una firma pública y rechaza ser auditada por la Sindicatura de Comptes. Pese a que lanzó una emisión de obligaciones en 2002 por 227,5 millones para sufragar el pago de sus obras, Feria Valencia no informa a ninguna instancia pública, ni siquiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cuáles son sus números reales. Esta anómala situación explica también la total falta de control sobre cómo se ha gestionado la institución en los últimos años, unas prácticas que han tenido una incidencia relevante en su apurada situación actual.

La ya larga presidencia de Alberto Catalá, desde diciembre de 1999, se ha caracterizado, entre otros motivos, por un descontrol en los gastos de los que apenas se han conocido algunos retazos, todos ellos muy sospechosos, empezando por sus viajes a Colombia acompañado por un directivo de su propia empresa para lo que parecían negocios particulares y pagados por la institución, hasta los numerosos desplazamientos por medio mundo, siempre en establecimientos hoteleros de lujo, de que disfrutaron Catalá y los otros altos ejecutivos que le han acompañado en su mandato hasta 2012: Belén Juste, Carlos Vargas y Enrique Calomarde. No menos relevantes son los contratos con Orange Market, una de las empresas clave de la trama Gürtel, para la feria del mueble, que gestionaron con total opacidad, incluso para los empresarios del comité organizador, dos directoras de marketing colocadas por Álvaro Pérez, El Bigotes.

Si ninguna instancia independiente ha controlado las cuentas diarias de la institución, aún más escandaloso resulta el secretismo en torno a las obras de ampliación, un proyecto que el tiempo ha demostrado disparatado, por lo desmedido del recinto y, muy especialmente, por los sobrecostes. Como es la Generalitat la que finalmente se ha hecho cargo de los pagos, es conocida la magnitud del dinero que se enterró en las nuevas instalaciones, pero se ignora de dónde surgieron sobrecostes tan elevados. Baste decir que, en origen, la ampliación se calculó en unos 180 millones, que con el proyecto definitivo se incrementaron hasta los 300 y que en el momento de entrega de las llaves subieron a 600. En todos estos años, por la ya citada falta de transparencia, ha sido inútil tratar de averiguar el porqué de este dispendio, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones.

Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que una parte de esos sobrecostes es muy probable que procedan de la imposición política de un personaje que tiene una incidencia en la Feria desproporcionada respecto a lo que aporta. Se trata de la presidenta del patronato desde hace 22 años y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Fue ella la que impuso que las obras no salieran de Benimàmet, es decir, de la ciudad que gobierna, en lugar de aprovechar una zona estratégica en los solares de la antigua base aérea de Manises, tal como propuso el primer promotor de la ampliación, el presidente ferial entre 1996 y 1999 Antonio Baixauli. La nueva Feria se levantó sobre la vieja al tiempo que mantenía su actividad en un terreno pequeño „hubo que construir en altura„ e irregular. Pese a todo, a la hora de buscar la financiación, Barberá no contribuyó en nada.

El entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien tuvo que tragarse muy a su disgusto que Alberto Catalá, el protegido de Barberá, fuera nombrado presidente de la institución por recomendación del líder del PP, José María Aznar, sí abrazó la ampliación, que ya en aquellos años era criticada, por su supuesta falta de necesidad, por algún dirigente empresarial. Se dijo que la Feria generaría ingresos suficientes para pagar las obras y que, a donde no llegara, acudiría el Consell. La realidad ha sido que la institución nunca llegó y que la Generalitat está pagando del orden de 30 millones anuales por las obras.

Visto este panorama, no es de extrañar, por tanto, que crezcan las voces que piden claridad contable cuando la institución busca ahora ayuda financiera a la administración autonómica. Salvo en la transparencia, lo cierto es que la entidad ha entrado en un nuevo rumbo desde que los dirigentes empresariales decidieron dar un golpe de timón en un momento en que el barco se hundía. Conscientes de que Barberá seguía protegiendo a Catalá, le salvaguardaron a cambio de entrar en tromba en el comité ejecutivo y cambiar al equipo directivo. Por entonces, la entidad ya había aplicado un ERE que redujo su plantilla en un tercio, hasta sus actuales doscientos empleados.

Plan de viabilidad

La tarea primordial de Enrique Soto y los dirigentes patronales era trazar un plan de viabilidad y reconducir el negocio de Feria Valencia. Una de las decisiones más emblemáticas, viendo que se moría poco a poco, fue trasladar la feria del Hábitat, refugio de antiguos grandes certámenes, como el mueble o el textil hogar, de septiembre de 2013 a febrero de 2014, junto al otro gran evento valenciano: Cevisama. Esta medida, junto a la progresiva resistencia de los clientes a pagar por anticipado por su presencia, está entre los principales motivos de la falta de liquidez actual. Sin embargo, la decisión más radical „al margen de estrategias más o menos polémicas como celebrar certámenes propios en otros recintos feriales, como sucederá con Fimi, para seguir la voluntad de los expositores y no perder negocio„ es la separación de la entidad en dos empresas. Una se hará cargo del pasivo (inmuebles y deuda) y seguirá su estructura actual y la otra se dedicará al negocio puro y duro, tendrá unos órganos de gobierno aún por definir, facilitará el acceso a financiación externa y contribuirá anualmente al sostenimiento de la patrimonial y al pago de las obras en un porcentaje por determinar.

Esta es la gran baza de los gestores feriales ante la Generalitat, además, seguramente, del compromiso de un nuevo ajuste interno (de personal y de estructura). La propuesta inquieta a los trabajadores, sobre todo porque desconfían de qué sucederá con sus derechos adquiridos, y a la Generalitat, que teme los efectos de deslindar el negocio de las deudas. Para la institución, sin embargo, previa concesión del aval que evite un problema mayor dentro de una situación ahora salvable, este es el único camino para reflotar una entidad que se mueve en un negocio que ha cambiado radicalmente en los últimos años y que, a rebufo de las empresas, se ha visto duramente castigado por la crisis.

Como aseguraba a este diario un relevante dirigente empresarial, el negocio ferial debe ir por otros derroteros, ya no basta, como antaño, con vender metros cuadrados de superficie de exposición. Ahora queda el arduo trabajo de convencer de estos planes al Consell y que la Generalitat se avenga a arriesgarse con un aval, que, si no fuera satisfecho, incrementaría su ya abultado déficit. La alternativa, sin embargo, podría ser la suspensión de pagos o la lenta defunción de una institución cuyos retornos para la economía valenciana son millonarios. Tras perder el sistema financiero, ¿se puede permitir la Comunitat Valenciana dejar caer otra institución tan emblemática?