Siempre que la Comisión Europea preguntaba a las autoridades españolas cómo estaba la banca, las cajas de ahorros, siempre decían que todo estaba perfecto y la verdad es que hubo errores muy importantes de supervisión que tienen que ser asumidos». Esta afirmación del presidente en funciones de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, efectuada el pasado lunes en Madrid, ha puesto otra vez en el disparadero al Banco de España y la forma en que gestionó la reestructuración financiera durante el mandato como gobernador de Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre 2006 y 2012. Nada más trascender la sentencia, socialistas, populares, grandes banqueros y el sucesor de Ordóñez en el supervisor, Luis María Linde, salieron en defensa de la institución española o al menos rechazaron las críticas del político portugués.
¿Quién tiene razón? La respuesta es complicada, porque también lo son los hechos acaecidos, es decir, una crisis económica de ámbito internacional, la mayor en casi un siglo, que tuvo su germen en el sistema financiero. Además del discurso oficial por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero que minimizó el impacto de la recesión en sus inicios, en aquellos primeros momentos el Banco de España era una institución respetada que jugó la baza de las provisiones genéricas „el dinero que obligaba a los bancos y cajas a «ahorrar» en época de bonanza para afrontar períodos de crisis„ para sostener el discurso de la solvencia del sistema español. Pensó que ese remanente sería una cantidad suficiente para capear una crisis que muy pocos previeron tan larga y dura. Y es cierto que hubo la impresión de que el enorme socavón mundial de 2009, tras la quiebra de Lehman Brothers, empezaba a taparse al año siguiente. Luego llegó la crisis de Grecia y la segunda recesión en la eurozona y todo saltó por los aires. Porque la progresiva parálisis en la actividad económica, especialmente en el sector inmobiliario que tanto había contribuido a la expansión de las cajas, empezó a provocar pérdidas, concursos y cierres de empresas, lo que, a su vez, incrementó hasta límites insostenibles el paro. Los balances bancarios empezaron a resentirse de forma alarmante. Como explicaba en privado uno de los protagonistas de aquella etapa, mes a mes la morosidad crecía sin pausa. Las necesidades de capital en marzo se duplicaban cuando llegaba junio.
Pese a que todo esto es muy cierto, no lo es menos que en la sala de máquinas del Banco de España se cometieron errores de grueso calibre. Dos de ellos, achacables también a la etapa del antecesor de Ordóñez, el valenciano Jaime Caruana (2000-2006), fueron el no poner límites a la desorbitada política crediticia de las cajas, lo que habría evitado una burbuja inmobiliaria tan hinchada, y el no anticiparse a lo que tuvo que hacer en lo peor de la crisis: una reforma de la ley de cajas que permitiera a estas entidades capitalizarse ante eventuales problemas de solvencia como los que luego acabaron por tumbarlas y que alejara de la gestión de las mismas a tantos dirigentes políticos que contribuyeron a su hundimiento.
Esta última cuestión es fundamental, porque todo el mundo coincide que, en efecto, los principales culpables de la precaria situación del sistema financiero español fueron los gestores de tantas cajas de ahorros que actuaron como banqueros imprudentes. Muchos de ellos se encuentran imputados en las diversas causas que se instruyen en la Audiencia Nacional. Las más significativas afectan a las antiguas tres grandes entidades valencianas: Bancaja (cofundadora de Bankia), CAM y Banco de Valencia. El sumario de estos casos desvela algunos acontecimientos que dejan en muy mal lugar al Banco de España, una institución cuyas recomendaciones, según afirmaban en su momento los gestores de las entidades financieras, eran de estricto cumplimiento. Y es que los informes del supervisor, como se ve con reiteración en el caso del banco valenciano, detectaron con suficiente anticipación los problemas que aquejaban a estas entidades y ni estas hicieron caso ni el Banco de España supo o quiso imponerse.
Ahora también sabemos que el supervisor tampoco fue un lince en algunas de las operaciones que impulsó o toleró. Es el caso de la unión de Bancaja, Caja Madrid y otras cinco pequeñas entidades de ahorros que dio lugar a Bankia o la fusión de las dos cajas gallegas. Ambas operaciones, junto al intervenido Banco de Valencia, y a la unión que dio lugar a CatalunyaCaixa, obligaron en junio de 2012 al Gobierno a pedir el rescate europeo por un importe final de 41.000 millones. En su momento, esas operaciones „bajo la fórmula del SIP para eludir el veto de los gobiernos autonómicos de turno„ parecieron una solución, aunque luego devinieron en un serio problema. La cuestión a dilucidar al respecto es si hubiera sido igualmente ineludible pedir esa ayuda con un cambio de novios y teniendo en cuenta que en aquel momento los bancos no podían hacerse con las cajas. A la vista de lo sucedido, da la impresión de que dinosaurios como Caja Madrid y Bancaja habrían sido de imposible digestión para las otras cajas que han sorteado la crisis, como CaixaBank o Unicaja.
La realidad es poliédrica y da la impresión de que al Banco de España le faltó lo que se requiere de una entidad con liderazgo: tener una visión de conjunto sobre un problema determinado y buscar una solución global. Por contra, tal vez para evitar un desplome en toda regla del sistema por contagio de unas entidades muy enfermas a otras sanas o solo con gripe, fue aplicando cataplasmas hasta que en 2012, con España en el abismo, no quedó otra que una cirugía integral.
