El derecho a existir

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia ha reconocido a Media Markt recientemente el derecho a abrir los 365 días del año en la avenida de las Corts Valencianes. Noticia de Levante-EMV, del 16 de enero, con el título de «Una sentencia abre la puerta a la libertad horaria en toda la capital», de José Parrilla. Y cuatro días después se publicaba otra con el título «Competencia llevará al Consell a los Tribunales por impedir que Gran Túria habra los festivos», de Víctor Romero, que indica que la CNMV daba de plazo a la Generalitat hasta el 23 de enero para que «revise su posición» y permita abrir al centro Gran Turia de Xirivella, ubicado junto a Valencia.

Además, los medios han recogido que Encarna Sanchis, presidenta de la Confederación Valenciana de Comercio, ha denunciado la «arbitrariedad» de las cuatro ZGAT aprobadas por el Consell a petición/imposición de la alcaldesa de Valencia. Las ZGAT son consecuencia de una legislación estatal que establecía que las grandes ciudades debían contar con zonas con absoluta libertad horaria. Rita Barberà le impuso al conseller Máximo Buch la aprobación de cuatro, cuando con una se daba cumplimiento a la ley.

La Plataforma pel Comerç Valencià ha solicitado la «derogación» de esa normativa. La sentencia por el recurso de Media Markt habla de «agravio comparativo», «discrecionalidad en las zonas aprobadas» y «perjuicio evidente», razones que alega igualmente la CNMV a la reclamación de Gran Turia.

Es evidente que estamos en un año electoral y que los partidos están ocupados en sus asuntos y no en velar por los intereses de los ciudadanos. Evidente es también que el modelo de libertad horaria de las ZGAT responde a un modelo económico inequívoco.

El único motivo que podría justificar dicha libertad es, que no, el beneficio para el consumidor. Pero no es cierto. La Asociación de supermercados de la Comunitat Valenciana se manifesta en contra al ser innecesario, por no existir una justificación y porque a ellos les perjudica, dado que les obligaría a abrir los 365 días al año.

Pero, ¿qué ocurre con 65.000 comercios de proximidad en el País Valenciano? ¿De qué van a vivir sus propietarios y trabajadores? ¿Qué modelo de ciudad va a conllevar su desaparición? ¿Qué destino van a tener miles de locales construidos para uso comercial? ¿Cómo realizará sus compras aquella persona que no tenga vehículo propio y tenga dificultades de movilidad para desplazarse a una gran superficie a kilómetros de distancia?

¿Son conscientes el Consell y el Conseller Buch de la «evolución» que proponen? ¿Es necesario el modelo autonómico si el Gobierno central invade competencias con impunidad? ¿No tiene derecho el comercio de proximidad a existir y trabajar con dignidad, y que el trabajo y la riqueza se repartan más equitativamente y no haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a la mayoría? ¿Dónde está la oposición? ¿Nos han escuchado a la PCV en las reuniones que hemos mantenido con ellos?

Al final resulta que será la Audiencia Nacional la que regulará nuestro modelo comercial.

Dimitan todos ustedes, por favor.

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