La crisis está teniendo efectos devastadores para la gran mayoría de familias. Las rentas han sufrido una merma considerable como consecuencia de la pérdida de empleos, la reducción de salarios en una mayoría de los trabajadores que han conservado su puesto, la congelación de pensiones o los paupérrrimos sueldos que están percibiendo quienes han accedido al mercado de trabajo en estos años. A este panorama desolador se añade un factor de gran relevancia: el encarecimiento que en estos años han registrado los servicios básicos. La subida continua de la luz, el agua o el gas, sin los cuales „junto a la alimentación„ es imposible concebir una vida medianamente digna ha contribuido al empobrecimiento general de la población. Los datos son elocuentes. La organización de consumidores Facua calcula que el recibo medio de la luz ha pasado de 66,20 euros en 2010 a 79,62 euros en 2014, lo que implica un aumento del 20,2 %. Por su parte, la tarifa mínima del agua en la ciudad de Valencia „consumo de diez metros cúbicos con contador individual de 13 mm„, también según los datos de Facua, ha pasado en el mismo período de 14,20 a 16,24 euros, con un incremento del 14,3 %, mientras que la tarifa máxima „consumo de 20 metros cúbicos con contador individual de 15 mm„ lo ha hecho en un 13,4 %, al crecer de 23,89 a 27,10 euros. Esta entidad carecía de datos concretos respecto al gas, pero la Unión de Consumidores de España (UCE) en la Comunitat Valenciana constata una subida del 9 % entre 2010 y 2014 en la parte fija de la factura „la variable, que refleja el consumo, cae un 6 %„ a la que hay que añadir el impuesto de hidrocarburos, introducido en esta legislatura.
Estos incrementos, además, se han dado coincidiendo con una etapa de baja inflación. Fue del 2,4 % en 2012 y del 1,4 %, mientras que 2014 cerró en negativo, concretamente de un punto. Con el petróleo por los suelos, parece evidente que los servicios básicos no han contribuido al derrumbe de los precios en España. Paralelamente, los ingresos de los ciudadanos han sufrido en los últimos años una caída de relieve. Así, el salario medio en la Comunitat Valenciana estaba en 2011 en 20.645 euros y dos años después, contabilizados los efectos de las sucesivas reformas laborales, habían caído a los 20.119, lo que implica un descenso del 3,6 %, según los datos facilitados por CC OO-PV. El sindicato precisa también que el 20,5 % de los hogares valencianos tiene como principal fuente de ingresos una prestación por jubilación, pero que estas han sufrido una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 0,5 % y el 1,5 % desde 2011.
La subida que han experimentado en los últimos años los servicios básicos ha afectado principalmente a los ciudadanos con las rentas más bajas, principalmente porque, por mucho que ahorren en este tipo de gastos, su consumo tiene un suelo mínimo, de tal forma que cualquier encarecimiento de los mismos implica irremediablemente una merma en la capacidad de esos hogares, tal como asegura el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universitat de València, José Manuel Pastor. La última encuesta de presupuestos familiares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente a 2013, pone de relieve que la vivienda, agua, electricidad y combustibles acaparan el 33,1 % del gasto familiar, que ese porcentaje baja al 29,6 % entre la población ocupada y sube al 36,6 % entre los parados, al 38,5 % entre los jubilados y al 43 % entre otros inactivos. Es el epígrafe de gasto que más ha crecido desde el inicio de la crisis, al pasar del 27,3 % de 2008 al citado 33,1 %.
El responsable del departamento jurídico de Facua, Jordi Castilla, asegura que «el empobrecimiento y la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano se ha visto reflejado en el acceso a los servicios básicos, que no son un consumo de lujo, sino de subsistencia». En relación con esto, recuerda un estudio de 2014 de la Asociación de Ciencias Ambientales que revela que el 17 % de los hogares españoles, unos 7 millones, destina más del 10 % de sus ingresos a la factura energética (en este caso, sin incluir la de la vivienda) y que más o menos cuatro millones de personas confesaban que no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Incluso, la citada asociación aporta «datos escalofriantes de la mortalidad por pobreza energética, es decir, de cómo el frío o el exceso de calor en las viviendas acentúa ciertas patologías y contribuye a acelerar la muerte».
Una de las cuestiones más sorprendentes de la evolución de los servicios básicos es constatar, como hace la portavoz de la UCE, Lucía Peris, cómo buena parte del incremento que han padecido los mismos en estos años procede de la subida de los impuestos. El caso de la electricidad es significativo: en 2010, la parte correspondiente a los impuestos representaba un 43 %, mientras que en 2015 ese porcentaje había subido al 59 %. Peris es rotunda al exigir al Gobierno que explique cómo puede aplicar una fiscalidad «tan alta a este tipo de servicios». A este respecto, Jordi Castilla apunta la insuficiencia de la tarifa de último recurso (el antiguo bono social), porque «beneficia a pocos: establece un mínimo del 25 % del precio de mercado, pero como este fluctúa, cuando lo hace al alza, si es mucho, afecta a los más vulnerables». Por ello, defiende que se establezca «un techo o un precio fijo para que el servicio sea accesible a estas personas». En relación con eso, el director de Intermón-Oxfam en la Comunitat Valenciana, Fernando Contreras, coincide también en la necesidad de tomar medidas por parte del Gobierno para luchar contra «la pobreza energética», que surge de unos servicios cuyo consumo es de difícil reducción y cuyo encarecimiento implica ocupar más espacio en la cesta de la compra y, por tanto, empobrece a la población».
Las empresas también tienen su parte. Peris apunta que las compañías están aplicando aumentos sobre todo en la parte de la tarifa que es fija y no depende de la evolución del consumo. Por ejemplo, la cuota de servicio en el agua (lo que se abona por llevar el líquido al domicilio) ha subido un 30 % En el caso de la electricidad, la potencia instalada lo ha hecho en un 118 %. Las empresas, sobre todo eléctricas, recuerdan el déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos que las empresas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la normativa reconoce por suministrar electricidad), que en 2014 llegó a 30.000 millones. A este respecto, el vicedecano de la Facultad de Económicas José Manuel Pastor, recuerda que «las empresas tienen accionistas e inversiones» y que el país «necesita una capacidad de instalación para tener cubiertos siempre los momentos de mayor consumo, aunque luego haya un exceso de oferta. Eso hay que pagarlo». No obstante, Pastor asegura que se está generando una situación de «desprotección» sobre las rentas bajas, que no pueden reducir su consumo eléctrico o hídrico de forma drástica. Siempre hay un suelo «y eso lo saben muy bien los que fijan lo precios, como las eléctricas o la propia Opep: manejan productos inelásticos, que cuando se encarecen provocan un descenso del consumo, pero escaso, mientras que los ingresos suben. Siempre ganan». Los llamados productos elásticos, cuando suben, causan una caída de la facturación, como sucede, por ejemplo, con los perecederos.
