Dos opciones tenía el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional ante el primer proceso de los siete abiertos por la gestión de la CAM que llegaba a juicio: aprovechar la oportunidad que la causa le brindaba para pronunciarse sobre una gestión que desembocó en la desaparición de la caja o, como ha acabado haciendo, quedarse en la superficie, cargarle la culpa a un muerto y zanjar el asunto con una limpieza en seco cuando lo que se requería era un lavado a fondo.
Que las cosas en la CAM no se estaban haciendo como se debía ha quedado sobradamente claro tanto a lo largo de la instrucción que dirigió el magistrado Javier Gómez Bermúdez en el proceso del que han resultado absueltos el exdirector general Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, como durante las seis sesiones que duró la vista oral contra los dos ex altos cargos y otros 18 acusados, también ahora exculpados, como partícipes a título lucrativo. Jornadas en las que se constató que en la CAM se cobraba por no hacer nada aunque, eso sí, al amparo de la legalidad de los acuerdos que validaban la creación del órgano desde el que se pagaba, según precisa la sentencia.
De eso y de que no todos eran iguales a los ojos crediticios de la caja, máxime si además se tenía mando en plaza, tampoco es que alberguen muchas dudas quienes hayan seguido mínimamente este proceso. Pero sobre ambas cuestiones el tribunal ha preferido pasar de puntillas pese a estar presidido por una magistrada, Teresa Palacios, que atesora en su currículum haber instruido asuntos de relevancia financiera como lo fue el de las primas únicas del Santander, que por estas tierras acabó tocando y hundiendo al exconseller Luis Fernando Cartagena.
A la vista de la resolución, dictada en un tiempo record, los magistrados se han decantado por lo más fácil: apartar a las acusaciones particulares (que se ejercen en nombre de la Fundación CAM y del Fondo de Garantía de Depósitos) y a la popular, que representa cerca de un millar de afectados por la quiebra de la caja, y centrarse únicamente en rechazar la tesis acusatoria del fiscal.
Una decisión, la de no considerar legitimadas a otras acusaciones que fueran la pública, que no deja de resultar chocante habida cuenta de que se ha adoptado en contra del criterio de otras secciones de la Audiencia Nacional que hasta en media docena de ocasiones han ratificado la personación de la CAM y del Fondo tanto en ésta como en el resto de la piezas que se están instruyendo.
Aunque aún se encuentran en proceso de valoración, todo apunto a que la sentencia será recurrida en casación ante el Supremo, lo que, al menos de momento, no empaña la alegría de los que eran los dos principales acusados ni de los 18 miembros de la comisión de control que con este fallo evitan devolver los casi dos millones que, en total, cobraron por la pertenencia a este órgano y que ahora se les reclamaban.
Una efímera alegría para Caser
También, aunque todo apunta a que efímera, es la felicidad con que la aseguradora Caser habrá acogido una resolución que, al menos de momento, le salva de desembolsar los 10,2 millones que en esta pieza el juez reclamaba como fianzas. Un júbilo al que la misma Audiencia, aunque otra sala, ha puesto fecha de caducidad al acordar que la compañía haga frente a los avales que se fijen para quienes fueron altos cargos de la entidad, de los que en este momento hay cerca de una decena imputados. Y la cifra puede aumentar.
La primera causa juzgada
El proceso seguido contra exdirector general de la CAM Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por el cobro de dietas y la concesión de préstamos es el primero que se juzga pero no el de mayor calado de los siete abiertos en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja.
Precisamente ha sido su menor complejidad a la hora de instruirlo lo que ha llevado a que fuera el primero en ser enjuiciado, pero en la recámara queda la denominada pieza principal, centrada en el supuesto falseo de la cuentas de la entidad y la asignación de unas retribuciones cuestionadas por las acusaciones. A ella se suma la abierta por los negocios de la CAM en el Caribe a través de la filial inmobiliaria TIP, un holding cuyas operaciones acaban a de dar pie a la apertura de otros dos procedimientos para investigar supuestos pelotazos que financió la entidad y sus relaciones con la promotora alicantina Hansa Urbana.
Pendiente está aún de lo que el instructor decida la causa iniciada por el cobro de dietas por parte del expresidente de la CAM Modesto Crespo y la que indaga la venta de preferentes y cuotas participativas, en la que CAM y Sabadell figuran como responsables civiles.
