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El coladero de plagas de Rotterdam, en el punto de mira de la UE

Bruselas desata una crisis institucional en la Unión Europea al rebelarse contra una resolución del parlamento que cuestiona la alianza del puerto holandés con los cítricos sudafricanos

El coladero de plagas de Rotterdam, en el punto de mira de la UE

El coladero de plagas de Rotterdam, en el punto de mira de la UE

Holanda, a través del Puerto de Rotterdam, es la principal puerta de entrada a Europa de las im­­­porta­cio­nes hortofrutícolas procedentes de terceros países. En 2016 los Países Bajos ca­na­lizaron a través de este enclave más de un millón de to­ne­­ladas de frutas y hortalizas y de ellas, me­dio millón eran originarias de Sudáfrica. La mayor par­te de este inmenso caudal de tráfico portuario fueron cítricos y nuevamente en esta par­ce­la aparece el país sudafricano como su principal proveedor (con 334.000 toneladas remitidas el año pa­sa­do). Y con la globalización del comercio también se produce la internaciona­li­zación de en­fer­me­dades, por lo que no es de extrañar que este recinto sea señalado con frui­ción por el sector hortofrutícola como un 'coladero' de plagas. La última de ellas sería la te­mida bacteria Xylella fastidiosa -re­cien­te­mente detectada en Baleares y que se sabe que accedió por Rotterdam- pero también se de­nun­cia con reiteración las amenazas de la llamada «mancha negra» (CBS), el Citrus greening (HLB) o la C. Leu­cotreta, que son también muy comunes en los envíos citrícolas sudafricanos y que, de ins­ta­larse, cuestionarían la propia pervivencia del sector.

La cuestión amenaza con desatar una crisis institucional de calado y con alterar el equi­li­brio de poderes que hasta el momento han mantenido a este respecto el Ejecutivo (la Co­mi­sión Europea -la Comisión Europea- como ejecutor a la postre de las decisiones de los Estados miembros) y el le­gislativo comunitario (el Parlamento Europeo, en el que recae la soberanía popular).

El pasado 15 de diciembre se produjo un he­cho sin precedentes desde la en­trada en vi­gor del Tratado de Lisboa (diciembre de 2009): el pleno del hemiciclo aprobó por amplia mayoría -463 votos a favor, 168 en contra y 3 abstenciones-una resolución en la que se exigía primar el «principio de precaución y la seguridad fitosanitaria de las plan­ta­ciones citrícolas europeas». No era una declaración eté­rea, sino un pronunciamiento contra un acto de eje­cu­ción de la propia CE. Específicamente, el Parla­men­to en­mendó un proyecto de modificación de la Directiva 2000/29/EC (de sanidad vegetal) por con­side­rar­lo «insuficiente». Haciendo la ana­logía con la política nacional, lo acon­tecido en Estrasburgo (sede del Parlamento Europeo) se­ría similar a que el Congreso tumbase por avasalladora mayoría un proyecto de Ley del Go­bierno.

La cuestión afectaba pues a las condiciones fitosanitarias de entrada del conjunto de im­­­­portaciones de agrios de la Unión Europea procedentes de países no comunitarios de forma global pero, evidentemente, se referían muy especialmente a las de los sudafricanos y por ello atacaba tam­­bién a los intereses de sus primeros aliados europeos, los importadores holandeses. «Se había sen­ta­do un precedente de control sobre la CE, que los países nórdicos del lobby im­por­ta­dor no podían consentir», señalan fuentes conocedoras del proceso de codecisión comunitario.

Batalla entre Comisión y Parlamento

Poco más de un mes y medio después, la CE confirmaba oficiosamente que no estaba dispues­ta a dar alas al Parlamento. Efectivamente, en la reunión del Comité Permanente de Sanidad Ve­­getal del 27 de enero, el representante de Bruselas defendió ante los Es­tados miem­bro un modelo de directiva «en el que la elección de las condiciones fitosanitarias de im­por­ta­ción a la UE y los tratamientos cuarentenarios que deben ser aplicados, co­rre­s­pon­de a los propios ex­por­­tadores, evidentemente mucho más preocupados de hacer negocio que por la pervi­ven­cia de la producción comunitaria». Así explicaban en nota de prensa suscrita re­cientemente por el conjunto de or­ga­nizaciones de ámbito nacional más representativas del sector citrícola la decisión avan­zada en dicho comité que, como se ha dicho, desautoriza lo defendido por el Par­­lamento.

Sin embargo, a juzgar por la reacción de varios europarlamentarios, la «guerra» aún no está perdida y quedan batallas que lidiar. En la última semana se han presentado dos pre­gun­tas parlamentarias que forzarán al Ejecutivo comunitario a desenmascararse. Una tercera acción, en forma de mi­si­va dirigida al comisario de Sanidad y Se­guridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha sido suscrita además por el eu­ro­di­putado fran­cés, Michel Dantin (adscrito al Par­tido Popular Europeo) quien hace suyo el malestar no ya sólo de los representantes del sec­tor citrícola español, sino también del galo e italiano. Dantin, más que dar por hecho la ne­ga­ti­va de la CE, traslada a la más alta instancia, al propio co­misario, la decisión del comité y re­cla­ma una confirmación por su parte.

«La zorra en el gallinero»

De otro lado y en virtud de las gestiones realizadas por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal que aglutina a los principales comercios privados naranjeros, la Comisión habrá de pronunciarse sobre aspectos concretos más sensibles si cabe que igual­mente delatan el tándem de intereses entre sudafricanos y holandeses. Es el caso de la pre­gun­ta formulada por Clara Aguilera, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agri­cul­tu­ra del Parlamento, quien ha cuestionado abiertamente la laxitud de las inspecciones fi­to­sa­nitarias de los holandeses (en 2014 demostraron ser 24 veces más ineficaces con los cítricos su­dafricanos que los controles fitosanitarios de España) así como la propia independencia de sus inspectores.

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