Josep Maria, Pepe-como se hace llamar-, Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias,1956) acaba de cumplir su primer año al frente de UGT tras reemplazar al histórico dirigente Cándido Méndez. El exmandatario ugetista en Cataluña, donde reside desde 1975 tras comenzar a trabajar en Maquinista Terrestre y Marítima (actualmente Alstom), ha apostado por el desarrollo de la presencia del sindicato en la red. Es su último blog acaba de publicar: «No queremos un futuro gobernado por la mercantilización del trabajo, por el desempleo, la precariedad laboral, las desigualdades, la discriminación de la mujer, la pobreza y la ausencia de cohesión social». Álvarez, curtido en mil batallas, afable y capaz de hacer equipo, ha estado en València al reunirse la comisión ejecutiva confederal en la Casa del Pueblo de la ciudad del Túria.
Al cumplir un año al frente de la histórica organización, ¿cuáles han sido sus principales aportaciones?
Los delegados, representantes de los afiliados, nos han elegido para cumplir compromisos; entre estos los presupuestarios y que exigen cuentas claras y transparentes. Además, deben ser autosuficientes y con cuentas de explotación individuales por actividades. Por eso en poco tiempo vamos a ser capaces de romper el mito de que los sindicatos viven de las subvenciones. Las actividades que benefician al conjunto de los trabajadores proceden de las cuotas de la organización. En ese sentido pensamos que el coste de la negociación colectiva, que afecta a todos, deberían financiarla «todos» los trabajadores
Sostiene entonces que forma parte de las «leyendas urbanas» que los sindicatos están subvencionados.
De los 92 millones de euros que UGT cobra de cuota a sus algo más de 835.000 afiliados [90.000 son delegados de empresa] unos 40 millones de euros no se destinan a cubrir las demandas de los afiliados, sino a aquellos aspectos de las relaciones laborales vinculadas con convenios colectivos u otras tareas vinculadas con instituciones como el Comité Económico y Social, entre otras. Dicho de otro modo, es algo así como que trabajamos para el «bien común». Habría que ver entonces qué parte de la cuota del afiliado se destina al interés general. Este tema preocupa mucho a los afiliados porque llevamos mucho tiempo siendo maltratados por el tema de las «subvenciones».
¿Cómo quiere que sea la nueva UGT?
Hay que explicar a fondo qué es lo que hace un sindicato. Empiezan nuevos tiempos y resulta necesario explicar el destino de las cuotas con mayor transparencia tal como nos exigen en las asambleas de delegados que venimos haciendo por todos los territorios. Además, la comisión ejecutiva se reúne una de cada dos veces fuera de Madrid, lo que también facilita la proximidad. Por otro lado, avanzamos en el proceso de integración de las federaciones para reducirse a tres, más ágiles y menos costosas. Se está encarando bien. La comisión ejecutiva confederal quiere dar ejemplo. Dejaremos la sede central de la calle Hortaleza [de Madrid] para trasladarnos al edificio de la avenida de América, donde están las federaciones. Eso supondrá un ahorro muy importante de recursos que queremos que reviertan hacia abajo, en la estructura o los servicios jurídicos.
¿Cómo se presenta el Primero de Mayo, será movido?
Será un punto de inflexión. Queremos aumentar la participación y avanzar para poder desatascar la negociación colectiva con la patronal CEOE así como con la cuatro mesas de diálogo abiertas con el Gobierno: Seguridad Social, calidad del empleo, mutuas y políticas sociales. Hay que plantear negociación y movilización pues de lo contrario no habría resultados, como por ejemplo el acuerdo en la función pública. El país crece, hay más riqueza y hay que repartirla.
El Gobierno y los sindicatos firmaron este pasado miércoles la convocatoria de oferta de empleo público para 2017, que será de al menos 350.000 plazas en los próximos tres años, con un incremento de salario de los empleados públicos para este ejercicio. ¿Hacen falta tantas plazas en el sector público? ¿Se pueden pagar?
No son plazas nuevas. Es un acuerdo para consolidar empleo fijo. Se trata de que la administración tenga estabilidad laboral. Es decir, empleo de calidad. No va a costar más a los contribuyentes. Serán 350.000 personas que están en condiciones de consumir sin las preocupaciones que tenían hasta ahora. Con todo hay problemas de reposición, por ejemplo en algunas empresas públicas porque es necesario para mejorar su eficiencia.
Dicen algunos economistas que la renta básica es sostenible en España.
Estoy de acuerdo. Así lo hemos presentado en el Congreso de los Diputados. Tras la crisis y la irrupción de nuevas tecnologías existen personas que se han quedado descolgadas del mercado de trabajo y de la sociedad. Además, la tasa de paro en España [18,6 %] sigue siendo extremadamente alta con miles de jóvenes sin ocupación. Ahora bien, tiene que estar condicionada a un programa de formación y seguimiento. En Dinamarca dificilmente pasa una semana sin que se llame a cada parado para preguntarle sobre su plan de formación y si ha aceptado alguna oferta.
Con jornadas semanales de 35 horas, ¿aumentaría la producción?
Por supuesto. Somos uno de los países de la Unión Europea que más horas trabajamos y con un nivel inferior de productividad. Vamos a luchar por la reducción de la jornada. Esa jornada podría incluso ser inferior en una sociedad cada vez más tecnificada.
¿Habrá pronto acuerdo de negociación colectiva con la CEOE?
Habrá acuerdo por razones y presión de los trabajadores. Somos un país que crece casi al 3 % en términos de PIB y no puede haber gente que quiera que los salarios no crezcan.
¿Qué aumentos salariales piden?
UGT plantea aumentos reales; del 1,8 % al 3 %. Son bandas moderadas. Si no se acepta habrá conflictividad en los convenios, presión en la calle y en el Parlamento. Con el PP en minoría en el Congreso será más fácil aprobar leyes que defiendan los intereses de los trabajadores. Hay más pluralidad.
En alguna ocasión ha dicho que la huelga general puede estar cerca.
No la descarto. Hay que recuperar derechos y leyes laborales mejores. En cualquier caso las huelgas generales no se convocan desde un despacho. También dependen de cómo responda la sociedad.
