En diciembre de 2017 los jefes de Estado y de gobierno de la UEM acordaron impulsar un debate sobre el futuro de la unión monetaria para que, en el primer semestre del año en curso, se acordara la hoja de ruta a seguir. Desde que estalló la crisis financiera internacional, que, mal gestionada desde las instituciones europeas, se agudizó con la crisis del euro, se puso en cuestión el futuro de la moneda única, y se ha estado advirtiendo de que era imprescindible reformar la defectuosa arquitectura diseñada para su creación.
Lo peor de esa crisis se ha vivido en varios de los denominados países periféricos de la Unión Económica y Monetaria, sencillamente porque carecían de algunos instrumentos de política económica cedidos a la propia UEM, como el tipo de cambio y la política monetaria, para hacer frente a los desequilibrios generados, sin que la política fiscal -sujeta a las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento- pudiera hacer su papel. En otros términos, el euro no generó la crisis, pero las reglas impuestas en su creación y la ausencia de mecanismos para hacerle frente, la agudizó hasta los niveles auténticamente dramáticos que hemos vivido.
Por ello, desde la Comisión Europea, desde los denominados Informes de los Cuatro Presidentes (2012) y de los Cinco Presidentes (2015), además de desde instituciones académicas y think tanks europeístas, se ha venido coincidiendo en el análisis de los problemas y en las recetas para solucionarlos. El presidente Macron recogió las propuestas, que formaron parte de su programa electoral, y ahora intenta trasladarlas al Consejo Europeo.
El Gobierno de Rajoy también lo había hecho, hasta el momento, con dos documentos, uno de 2015, cuya autoría se atribuye a Álvaro Nadal, cuando era director de la oficina económica de presidencia del gobierno, y otro, de 2017, del que fue responsable Luis de Guindos, siendo ministro de Economía, en los que se reclamaba una unión fiscal, con presupuesto común para la UEM, con una agencia de deuda común, que pudiera emitir eurobonos, y también con un ministro de hacienda común. El propio Rajoy, en diciembre del pasado año declaraba: «Mi gobierno siempre ha defendido construir, en el largo plazo, una unión fiscal, con un presupuesto común para la eurozona, y eurobonos. No podemos quedarnos, en ningún caso, a mitad de camino».
No sé si les extrañará mucho, pero donde «dije digo, digo Diego». El 24 de abril último, el Ministerio de Economía hacía público el documento denominado «Posición Española sobre el fortalecimiento de la UEM» (disponible en la página web de dicho departamento), que se ha remitido a Bruselas para la discusión de la cumbre que tendrá lugar en el mes de junio, en la que se decidirá sobre los pasos a seguir para reformar la estructura de la moneda común. El contenido de dicho documento es absolutamente decepcionante, no tanto por el análisis o diagnóstico de la situación, que puede compartirse, como por las propuestas concretas que realiza -y las que no realiza- al constatar que se renuncia implícitamente a los eurobonos y a la existencia de un presupuesto común para la eurozona.
El documento español establece cuatro prioridades: a) integración financiera; b) integración económica; c) capacidad estabilizadora; y d) el mecanismo de gestión de la crisis, el MEDE. Con la enumeración se puede estar de acuerdo; pero no con su contenido. En lo que se refiere a la integración financiera se alude a la necesidad de completar la unión del mercado de capitales, para mejorar la transmisión de la política monetaria, y la unión bancaria, para lo que, establecidas ya las normas de supervisión y de resolución, quedaría pendiente la creación y puesta en marcha de un sistema europeo de garantía de depósitos. Es obvio que, sin un fondo de garantía de depósitos europeo, no habrá una unión bancaria creíble. Por tanto, ese sí es, realmente, un tema muy importante. España, seguramente para calmar las inquietudes de Alemania y otros países del norte, propone hacerlo por fases, de forma que los países puedan integrarse cuando se constate que sus sistemas bancarios están totalmente saneados.
Pero no hay ni una propuesta más mínimamente defendible. Aunque se argumenta que es imprescindible complementar la capacidad de la política monetaria común con mecanismos fiscales, lo cierto es que solamente propone crear un fondo europeo, dotado los años de bonanza, para ser utilizados en los años de recesión, que el propio documento considera que será de un tamaño «relativamente pequeño», complementado con nuevos instrumentos de préstamos BEI, obviamente garantizados. Una broma de mal gusto, a la vista de las necesidades financieras para hacer frente a una crisis.Nada de presupuesto común, nada de ministro de finanzas común. Como mucho convertir al MEDE (para mí, lo de menos es si continúa llamándose MEDE o Fondo Monetario Europeo, aunque la elección no sea neutral) en una institución permanente de la UEM, para proveer ayuda financiera a los estados miembros en dificultades de acudir directamente a los mercados, sujeta a condicionalidad (es decir, introduciendo las reformas que diga el MEDE) y como mecanismo de respaldo para la unión bancaria, en el supuesto de que, previsiblemente, el fondo de garantía que se cree no sea autosuficiente.
Decepcionante la propuesta española.
La reforma de la UEM tiene dos visiones: la que representa, actualmente, el presidente francés, Emmanuel Macron, que defiende un mayor nivel de integración económica, completando la unión bancaria, creando un presupuesto común, avanzando en la unión fiscal, dotando a la UEM de un ministro de finanzas, y todo ello bajo el control democrático del Parlamento Europeo. Podría decirse que Macron defiende que el euro solamente será viable si Europa es solidaria y los distintos países convergen. Y la que representa la canciller Angela Merkel, que considera que el futuro del euro depende, esencialmente, de la competitividad de los países y, por tanto, de las reformas estructurales que se realicen. Merkel, además, estima que el sistema de bienestar europeo es demasiado generoso y, por tanto, insostenible si se quiere ser competitivo.
Aunque España, dadas sus características, debiera estar más cerca de la posición francesa, ha decidido apostar por la alemana. Rajoy sabrá por qué. Espero que no tenga algo que ver con el apoyo de Merkel al nombramiento de Guindos en el BCE. Nunca lo sabremos, pero no huele bien.
De momento, Montoro anuncia que el objetivo del Gobierno español es que la recaudación de impuestos se sitúe en el 38 por ciento del PIB. Dado que no queremos tener déficit público (no es razonable tenerlo de forma permanente), eso implica que el objetivo del gobierno es que el gasto público también sea, como mucho, el 38 por ciento del PIB. Mal estado del bienestar tendremos así, nueve puntos por debajo de la media de los países de la UEM.
Algunos queremos más y mejor Europa; pero una Europa más solidaria, que no sólo sea económicamente competitiva. A mí me inquieta mucho la idea de la Europa que defiende la Alemania de Merkel (que no es la enferma de Europa, pero que, con sus políticas, hace que los demás enfermen) y que, por el contenido del documento del gobierno, es la que apoya Rajoy.
