A gricultores y ganaderos perciben un encarecimiento de los costes de producción, vinculados a la implementación de las medidas de prevención y seguridad frente a la covid-19, y piden a las administraciones ayuda para pagar las pruebas PCR de los temporeros para desarrollar las campañas con normalidad. Efe ha analizado con las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) la situación de los trabajadores del campo en España en este marco de pandemia mundial y con campañas potentes que acaban de arrancar, como la vendimia. Todos ellos coinciden en la idea de que los productores han cumplido, en una amplía mayoría, con los protocolos para evitar contagios en sus explotaciones.
El director de Asaja, Juanjo Álvarez, señala que, «a día de hoy», se ha avanzado «muchísimo» en las medidas de prevención porque el empresario agrícola no se las ha tomado como una recomendación sino como «una obligación». Para reflejar el coste asociado a todo ello se ha referido al balance de la campaña de fruta de hueso y de pepita en Lleida que, según un estudio de esta organización, ha supuesto un encarecimiento de entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Son cuantías que «se han cargado al presupuesto del agricultor», por lo que ha reiterado la necesidad de que las administraciones «ayuden» a sufragar los «sobrecostes» derivados de las pruebas PCR. Y pone como ejemplo a La Rioja y Castilla y León, cuyos gobiernos sí han hecho los test a los temporeros.
El responsable de fruta dulce de COAG, Osvald Esteve, ha asegurado que proveer de suficientes mascarillas, realizar los controles pertinentes y demás medidas ha supuesto un sobrecoste de entre un «10 y un 15 %».
Al secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también le ha «sorprendido» que el sector primario «haya estado en la picota durante todo el verano» cuando no ha habido contagios en las explotaciones sino que se han producido en los lugares de convivencia.
