Es una de las tantas paradojas de un sector esencial para la vida y profundamente desconocido. El sector agrario precisa romper la atomización en la producción que lo caracteriza y ganar tamaño, como llevan reclamando desde hace años los propios implicados y todos los expertos, pero al mismo tiempo que tiene que avanzar en la concentración debe cuidarse muy mucho de no pasarse de frenada y caer en una dimensión excesiva, sobre todo si esta se da a través de fondos de inversión que están aglutinando tierras de cultivo y que en un futuro más o menos lejano podrían deshacer sus posiciones en busca de rentabilidad en otras tierras y provocar un agujero de grandes proporciones en ese mundo rural cada vez más vaciado. Así lo denuncia la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) en un informe en el que analiza, entre otras cuestiones, la situación de la propiedad de la tierra.
El estudio ‘La agricultura española ante calamidades que afecten a la seguridad nacional’ pone encima de la mesa un dato muy inquietante: el 6,6 % de las explotaciones que son personas jurídicas obtienen el 42 % del valor de la producción. Eso en España. Fuentes oficiales de la Generalitat consultadas por este diario aseguraron no disponer de datos concretos relativos a la Comunitat Valenciana. No obstante, otras fuentes del sector apuntan que las grandes empresas citrícolas valencianas acaparan ya más del 30 % de la producción nacional de agrios, incluyendo la suya propia -están comprando muchas tierras a pequeños agricultores que abandonan su oficio por falta de rentabilidad o ausencia de herederos- y la que compran a otros productores. Desde Coag citan un ejemplo emblemático al respecto. El grupo castellonense Martínavarro y la onubense Río Tinto Cítricos, con el apoyo del fondo de inversión Miura Private Equity, crearon en 2017 Citri&Co, actual líder europeo de exportación de agrios. La sociedad de inversión Atitlán, por su parte, compró en 2019 Frutas Romu y en 2020 la comercial Guillem Export (ubicada en Xeresa), que le permitirá superar los 110 millones de kilogramos en ventas de naranjas e incorporar el limón a su oferta de productos. Son dos ejemplos bien cercanos, que ilustran los derroteros de un negocio que suscita un creciente interés. Sin embargo, la concentración a gran escala no solo se da en la Comunitat Valenciana. Sin ir muy lejos, en Murcia, tres grandes empresas acaparan alrededor del 85 % de la producción de uva de mesa de esa zona.
Fuentes de la Coag explicaron a este diario que esta forma de concentración es muy peligrosa porque muchas de las compañías que están invirtiendo son «multinacionales que llevan detrás suyo a fondos de capital riesgo ajenos al mundo agrario y que tienen un afán especulativo». El problema es que se expanden «expulsando, mediante la compra de tierras, a los agricultores de la zona, pero en un momento determinado pueden deslocalizar la producción, por ejemplo de naranjas, a Sudáfrica, lo que implica abandonar a la gente que trabajaba para ellos, dejarles sin alternativa» y provocar un socavón en las áreas rurales.
Al tiempo que crece este tipo de concentración, los profesionales que están en crisis son los pequeños agricultores, que padecen los efectos de una excesiva atomización en toda España, aunque de manera singular en la Comunitat Valenciana por la existencia de mucho pequeño productor citrícola que no es profesional, sino que tiene otros oficios y se cuida de tierras del patrimonio familiar.
Tanto en la Coag como en la conselleria de Agricultura,consultadas al respecto, coinciden en que es necesario, para lograr rentabilidad y poder competir con las grandes compañías y la distribución y su capacidad para conformar los precios, que los agricultores tiendan a ganar tamaño. Las dos fuentes coinciden en que la gran salida está en el agrupamiento en torno al mundo cooperativo. La Generalitat añade los instrumentos que permiten la ley de estructuras agrarias, como los que introducen fórmulas de gestión en común de partes del negocio para tener un mayor músculo a la hora de hacer frente a la competencia de los grandes.
La desaparición del modelo europeo
En unos documentos fechados en julio y octubre de este año, el Parlamento europeo describió algunos de los riesgos estructurales que afronta el sector primario de la UE. Uno de los más destacados es la «concentración creciente de la producción agraria hacia oligopolios», lo que implicaría la «desaparición del modelo europeo de agricultura» -fundamentado en una estructura más familiar y más alejada de las grandes corporaciones- que «conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural, así como a una intensificación de la agricultura con claros riesgos medioambientales y sobre la salud humana», según el resumen contenido en el informe de la Coag.
Otro de los riesgos que acechan a esta actividad esencial para la vida es la «inestabilidad en los mercado agrarios y la insuficiente resiliencia de la agricultura europea para soportar shocks y crisis, derivados de condiciones cambiantes de mercado (oferta-demanda, tasas de cambio o precio del petróleo), clima y metereología extrema, decisiones geopolíticas (restricciones comerciales) e insuficiente inversión en I+D». A este cúmulo de desgracias potenciales habría que sumar una muy real, la covid, ante la que el sector agrario y ganadero han respondido de forma positiva, aunque el documento apunta que aún se desconoce el impacto de esta crisis.
