El Gobierno ha aprobado el real decreto que establece las disposiciones para aplicar durante 2021 y 2022 los decretos de la PAC. Es la antesala de la entrada en vigor, en 2023, de la nueva PAC y del Plan Estratégico Nacional. Bajo la normativa actual, se podrá disponer de los fondos de la nueva PAC para estos dos años, además del remanente de la PAC 2014-2020. Mientras tanto, continúa la negociación del plan estratégico, que debería aprobarse en 2022.
En el primer pilar, hay dos grandes temas de discusión. El primero es determinar el porcentaje mínimo procedente de actividades agrarias sobre los ingresos totales que otorgan la calificación de agricultor genuino. Se baraja una cifra entre el 20 y 30% del total. Con un 20%, quedarían excluidos el 40% de los agricultores valencianos, frente al 28% a nivel nacional. En el peor supuesto, más del 51% de propietarios de explotaciones en la Comunitat y el 38% a nivel nacional. Se trata, por lo tanto, de un criterio que afecta especialmente a nuestro modelo de agricultura.
El segundo tema es la cuantía de los pagos por debajo de los cuales se está exento de cumplir la condición anterior, lo que se conoce como régimen simplificado. La normativa comunitaria permite fijarlo en 4.000 euros, mientras que el Ministerio propone fijarlo en 2.000. La definición de estos dos elementos creará un peligroso limbo intermedio, ya que quien no califique como agricultor genuino ni se incluya en el régimen simplificado quedará fuera del cobro de ayudas.
En los últimos 5 años, con el incremento del importe mínimo para la gestión de expedientes, la Comunitat ha perdido 35.000 solicitantes de Pago Básico. Esto supone que 40.000 hectáreas de superficie agraria elegible queden fuera de las ayudas, bajo criterios que, nuevamente, perjudican a nuestro modelo de agricultura.
La obligación normativa de borrar los derechos históricos es una oportunidad para ‘mediterraneizar’ la PAC, tal y como dijo en su última visita a la Comunitat Valenciana el ministro Luis Planas. Sin embargo, es un proceso en el que todo el mundo intenta arrimar el ascua a su sardina, con elementos de gran discrepancia entre las autonomías, como los que acabo de comentar o la negociación del mecanismo de convergencia, en los que claramente falta visión de Estado.
