Muchos propietarios de viviendas y locales de alquiler han iniciado el año con inquietud ante las nuevas regulaciones del mercado que protegen a los inquilinos con dificultades para pagar las rentas y el agravamiento de la crisis económica que afecta con especial dureza a sectores como la hostelería o el comercio. El Consejo de Ministros aprobó el martes nuevas medidas que forman parte del «escudo social» contra los efectos económicos de la pandemia como la posibilidad de la prórroga automática de los contratos que expiran durante el estado de alarma o la moratoria de los desahucios. Las medidas benefician a los inquilinos, pero son un lastre para miles de familias valencianas que tienen alquilado un piso como fuente extra de ingresos para llegar a fin de mes. La pandemia ha incrementado los retrasos del pago de las rentas, ha paralizado los desahucios, ha impulsado el subarriendo de habitaciones sin el consentimiento de los dueños y ha aumentado los plazos para alquilar una vivienda por el exceso de oferta tras la entrada en el mercado residencial de los pisos turísticos. Ante este panorama, las agencias inmobiliarias aseguran que un 10 % de estos pequeños propietarios tiene la intención de vender sus propiedades en cuanto la situación económica mejore al estar cansados de la situación.
Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), advierte de que los que soportan la carga de los impagos de las rentas son trabajadores que tienen sus ahorros metidos en el piso. «La nueva regulación perjudica a los tenedores de vivienda, que en la Comunitat Valenciana son sobre todo familias que necesitan las rentas para llegar a fin de mes. Están soportando una carga que no les corresponde porque no son una ONG. Ahora se han paralizado los desahucios y tengo clientes con ansiedad porque deben hacer frente a derramas del edificio y sufren a inquilinos incumplidores a los que no pueden echar. Conozco casos de inquilinos que llevan desde marzo sin pagar la renta. Muchos propietarios se están planteando vender la casa porque no aguantan más».
El abogado valenciano Mario Gil asegura que en los últimos meses se han disparado los impagos de las rentas del alquiler. «Es u n problema importante porque muchos propietarios son familias de clase media que deben hacer frente a la hipoteca del piso que han alquilado. Hay que ponerse en el lado de uno y de otro. Tengo a un cliente al que su inquilino moroso le pide 1.000 euros para dejar el piso y eso que lleva diez meses sin pagar el alquiler y las facturas de agua y luz», lamenta. Gil alerta de que una vez se levante la moratoria de los desahucios los procedimientos de lanzamiento se van a eternizar porque «los juzgados están colapsados».
El último año ha estado marcado por las rebajas en el mercado del alquiler. La sobreoferta de viviendas ha provocado un descenso del precio de entre el 10 % y el 15 % en ciudades como València. Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de València, admite que muchos inquilinos que se han quedado sin empleo porque trabajaban en sectores vinculados al turismo como la hostelería «han sido responsables y han abandonado las viviendas». Díez añade que lo que ha aumentado con fuerza es el subarriendo de habitaciones. «Los propietarios hacen la vista gorda porque lo que quieren es cobrar. Conozco casos de familias que viven en un piso de cuatro habitaciones y subarriendan un dormitorio para poder hacer frente al alquiler. Por una habitación se cobra entre 200 y 300 euros», afirma el portavoz de los API. Vicente Díez considera que es esencial contratar un seguro que garantice el cobro de las renta. «Cada vez se contratan más seguros de alquiler. Cuestan unos 200 euros al año para un alquiler mensual de 600 euros. Cubre los incumplimientos de renta y los desperfectos en el piso», apunta.
Sin embargo, la abogada Begoña Monzón, especializada en estos casos, no es partidaria de este tipo de seguros que garantizan el cobro de las rentas. «No lo hacemos. La experiencia con este tipo de seguros no ha sido buena. Las aseguradoras piden mucho papeleo y al final son las que eligen al inquilino. Las compañías de seguros piden salarios altos y van a caballo ganador», lamenta. Begoña Monzón destaca que los propietarios han sido bastante comprensivos con los inquilinos que lo están pasando mal con la pandemia. «Ha habido rebajas de los alquileres y los inquilinos, por lo general, se han comportado», indica. El letrado Alberto Gil resalta que de momento los desahucios están parados, pero advierte de que puede haber una avalancha en cuanto se levante el estado de alarma porque una parte importante de pisos en barrios humildes de València ha caído en manos de fondos de inversión que no aceptan moratorias.
La empresa valenciana de alquiler de viviendas Crein, que tiene una cartera de 300 inmuebles y una marcada sensibilidad social, ha sobrellevado la crisis gracias a su política de alquileres asequibles. «Tenemos una tasa de ocupación del 100 % con un 0 % de morosidad», destaca Juan José Galiano, presidente de Crein. La firma alquila pisos de tres habitaciones con trastero y garaje por 600 euros en la avenida Peris y Valero de València. «Esa es nuestra política. Otros piden 800 ó 900 euros por lo mismo. Nosotros preferimos cobrar algo menos, pero garantizarnos las rentas. Nuestros inquilinos pagan porque saben que no van a encontrar nada mejor por ese precio. Tenemos viviendas a partir de 400 euros», revela. Galiano reconoce que algunos de sus inquilinos han tenido dificultades, pero lo han podido resolver con flexibilidad. «Nosotros hemos sido comprensivos. Algunos inquilinos nos han pagado en tres golpes el alquiler del mes. Hacen lo imposible por pagar», subraya.
